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VALENCIA. El Observatorio del Comercio entra en vía muerta. En medio de la vorágine abierta para reformar el modelo comercial después del giro a la izquierda en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, el órgano consultivo que creó el Consell de Eduardo Zaplana para debatir con los agentes del sector cuestiones como los festivos de apertura tiene los días contados en su configuración actual, ya que la Conselleria de Economía ha puesto en marcha el proceso para refundarlo.
Según explican fuentes del departamento que encabeza Rafael Climent -uno de los miembros del Consell nombrados a propuesta de Compromís y procedente del Bloc- el director general de Comercio y Consumo, Ignasi Costa, está revisando la composición actual de este órgano con la intención de aprobar un nuevo decreto para de reforma que sustituya al anterior, de 2001.
El objetivo de ese decreto será adaptar la composición a la realidad actual y garantizar su funcionamiento como un órgano "verdaderamente consultivo", aseguran las fuentes. El equilibrio actual de fuerzas entre organizaciones representativas del pequeño comercio y las asociaciones de grandes superficies, que dirimen en el seno del Observatorio sus tradicionales diferencias sobre horarios o días de apertura, se va a mantener "en principio".
En la actualidad, el Observatorio del Comercio está presidido por el conseller con las competencias en Comercio e integrado por 34 vocales. En él están representadas la administración autonómica y local; los colegios profesionales; la federación de municipios y provincias y las cámaras de comercio de las tres provincias.
Por lo que se refiere a las asociaciones del sector, se sientan en este órgano las organizaciones provinciales más representativas de las pymes; los supermercados; la gran distribución; los mercados minoristas; los sindicatos y las federaciones de consumidores y usuarios. Entre otras, están las asociaciones de pequeño comercio Cecoval y Covaco, la de grandes superficies Anged y la de supermercados Asucova.
El propósito de los nuevos gestores públicos es "actualizar" esa composición a la nueva política comercial que pasa, según lo anunciado, por limitar al máximo la liberalización de horarios y autorizar expedientes para nuevas aperturas en función del impacto que estas generen sobre el empleo. El decreto que regulará el futuro Observatorio mantendrá el reparto de fuerzas actual y dará entrada a más colectivos, explican fuentes de la Generalitat.
Los planes del nuevo Consell pasan por convocar una reunión del mismo el próximo mes de septiembre, una vez completada su reforma. Hasta entonces, seguirá en el estado de hibernación en el que se encuentra actualmente.
La muestra más clara de que el Consell no cuenta con este órgano en su composición actual son las primeras gestiones que está realizando para abordar la problemática de la regulación de horarios comerciales. En lugar de convocar una sesión del Observatorio para tratar la cuestión de manera conjunta, los responsables de comercio han optado por una ronda de reuniones bilaterales con las diferentes organizaciones como primera toma de contacto que, en casos como el de la asociación de grandes superficies Anged, no se producirá hasta llegado septiembre.
UN ENTE DE EFICACIA LIMITADA
Aunque tradicionalmente se ha mostrado como un elemento eficaz para consensuar con los agentes implicados cuestiones de relevancia para el sector, lo cierto es que su influencia en los últimos tiempos ha sido limitada. El punto de inflexión que rompió la armonía dominante fue la nueva regulación de los horarios comerciales en Valencia desde que a finales de 2012 el anterior equipo de gobierno municipal decidió solicitar la declaración de zonas turísticas -y por ende, con plena libertad de horarios- de las áreas donde se ubican las grandes superficies de la capital.
A raíz de esa decisión, y en vista de la tensión que esa medida provocó en las grandes superficies del área metropolitana por sentir que competían en desigualdad de condiciones, el anterior conseller de Economía, Máximo Buch, optó por impulsar un decreto ley que concretase la normativa estatal sobre los criterios que debían cumplirse para considerar que una zona es de gran afluencia turística.
Buch quiso que es nueva norma se aprobase por consenso entre los agentes representados en el Observatorio del Comercio, pero las diferencias que separaban a grandes y pequeñas superficies, que ya estaban abiertamente enfrentadas por la vía abierta en Valencia, y sobre todo la proximidad de las pasadas elecciones autonómicas provocó que el Consell optase por legislar al margen de los criterios del Observatorio.
Bien es cierto que este no fue el primer ninguneo al que se vio sometido este órgano. La última gran crisis entre la administración autonómica y los agentes comerciales representados en el Observatorio la generó el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando en el debate de política general de septiembre de 2013 avanzó que toda la Comunitat en su conjunto tendría la consideración de zona turística, lo que en la práctica suponía dejar vía libre a la liberalización total del comercio al estilo de lo que ya había hecho la Comunidad de Madrid.
La propuesta, que terminó en fracaso al reconocer meses después que fue un error dejar en manos de los ayuntamientos la potestad para solicitar la declaración de turísticos para sus municipios, se lanzó sin contar con el criterio del Observatorio, lo que generó unas tensiones que todavía continúan.
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