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VALENCIA. Novedades en la ramificación de la trama Púnica en Gandia. El nuevo equipo directivo de Iniciatives Púaliques de Gandia (IPG) ha encontrado un conjunto de facturas emitidas por Construcciones Gomuñoz por la ejecución de determinadas obras a favor de IPG y que suman un total de 885.000 euros. Dichas facturas no fueron enviadas al juez Velasco de la Audiencia Nacional que instruye la causa.

Según fuentes conocedoras de la investigación, existía una relación a tres bandas entre la empresa pública municipal del Ayuntamiento de Gandía, la constructora Gomuñoz y Alejandro de Pedro. Este último, supuestamente, facturaba desde sus empresas a la constructora gandiense por trabajos de reputación y posicionamiento para el Partido Popular de la ciudad y el exalcalde Arturo Torro. De esta forma, se conseguía eludir el control fiscal y se ocultaba la relación directa entre Torró y De Pedro. A cambio, explican, Gomuñoz se beneficiaba de numerosos contratos menores por parte de la mercantil pública.

Cabe recordar que el nombre de la constructora Gomuñoz y su administrador Sergio Muñoz se vincularon al caso Púnica con posterioridad al 9 de junio cuando la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa se presentó al despacho del entonces alcalde de Gandia para solicitar información sobre las empresas Eico Management y Madiva Editorial, propiedad de De Pedro.

Sin embargo, las facturas que hoy se han hecho públicas y de las que este periódico ha podido tener acceso no fueron entregadas por Torró a los agentes de la Unidad Central Operativa. Al respecto, Arturo Torró sostiene que ordenó "a los funcionarios que entregaran toda la información que se les pedía" y resalta: "Si ahora encuentran esas facturas, me parece perfecto que las envíen ahora al juez Velasco".

Y así lo ha hecho la nueva corporación de Gandia, que ha presentado un escrito al juez Velasco adjuntando esas facturas que fueron solicitadas en su día por los agentes de la UCO. Además, la alcaldesa Diana Morant ha manifestado que el Ayuntamiento se personará como afectado en el caso Púnica. "Colaboraremos con esta investigación", ha dicho.

En la relación de facturas que se ha podido conocer y que ya han sido remitidas al juez Velasco figuran numerosos contratos menores de reparación de calles, mobiliario público, y suministro de diversos materiales por impartes que van desde los mil euros hasta los 60.000 euros. Tal y como han explicado fuentes de IPG, algunas de ellas fueron pagadas una vez pasadas las elecciones del 24 de mayo, de entre las que destaca una de 120.000 euros.

Morant ha asegurado que al buscar estas facturas se han encontrado con que "algunas de ellas han desaparecido y ascienden a 200.000 euros". Una información que también ha facilitado al juez Velasco.

Ante los nuevos hallazgos, fuentes cercanas a IPG aseguraron que no descartan que haya "más sorpresas" y remarcaron que por esas sospechas cuando llegaron al Gobierno solicitaron "tener acceso a todas las documentaciones de la empresa pública".

Por su parte, Arturo Torró ha asegurado a Valenciaplaza.com que se está planteando tomar medidas judiciales contra la alcaldesa porque su acusación es "totalmente falsa". "No oculté ninguna documentación a los a los Agentes de la Guardia Civil", ha remarcado

ROMPIO LA NOTIFICACIÓN

Este viernes se ha conocido que en el momento de la intervención de la UCO en el Ayuntamiento de Gandia el 9 de junio, se realizó una providencia de comparecencia y balance de la documentación que se requisaba por parte de la Guardia Civil.

Según la documentación a la que Valenciaplaza.com ha tenido acceso, Torró rompió el documento e indicó que podía devolvérselo al secretario general. Al recibir la notificación en mano, Torró, la rompió en trozos y se negó a entregar la documentación requerida, por lo que el funcionario realizó una diligencia por escrito denunciando el hecho. Todo esto consta en el informe que tanto el Secretario General como el Interventor Municipal, han añadido al expediente que se ha remitido al juez Velasco.