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VALENCIA. Un año después de su rebelión por la discriminación del Gobierno a la Comunitat en las inversiones y el modelo de financiación, los principales líderes empresariales de la Comunitat se volvieron a reunir este jueves para constatar que nada ha cambiado desde entonces. A diferencia del tono combativo que emplearon el pasado verano, cuando lanzaron un decálogo con exigencias concretas y reclamaron una reunión con la ministra de Fomento, en esta ocasión se limitaron a lamentar el nulo peso político de la región en Madrid y se resignaron a que dentro de un año la situación probablemente no haya variado demasiado.

A excepción del presidente de la patronal autonómica, José Vicente González -ausente por compromisos con la CEOE- los protagonistas de este acto de reivindicación empresarial fueron los presidentes de las mismas organizaciones que se reunieron en 2014: la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE); las patronales provinciales de las tres provincias; las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia; la Cámara de Contratistas de Valencia; y la Fundación ProAVE.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, destacó la "histórica discriminación" a la que se ve sometida la Comunitat Valenciana y reclamó mayor "equidad" en la distribución de los recursos públicos. El naviero advirtió que los empresarios valencianos no se van a "callar ante estos atropellos", pero manifestó que los empresarios renuncian a dar la batalla en Madrid porque ese papel les corresponde a los representantes valencianos en el Congreso.

"Tenemos que reivindicar a los que nos representan, que son los que tienen que cargarse de legitimidad para reclamar ante Madrid. Son ellos los que tienen que forzar, no nosotros", declaró el naviero. Federico Félix, de la Fundación ProAVE, lamentó la "falta de peso político" de la región en Madrid y criticó a los diputados valencianos en el Congreso que, por disciplina de partido, votan a favor de cuestiones que perjudican a la Comunitat.

UN NIVEL DE INVERSIONES EQUIVALENTE AL PIB 

Aunque prácticamente no variaron su discurso respecto a las reclamaciones que defendieron hace justo un año, los empresarios sí adoptaron un posicionamiento claro de apoyo a la reactivación del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía.

En concreto, fue el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien sostuvo que los líderes empresariales "defenderán cualquier iniciativa que implique una mejora de la financiación o el blindaje de las inversiones del Estado en la Comunitat", siempre que se trate de iniciativas que encajen dentro de la legalidad.

Esta declaración de los empresarios llega pocos días después de que Les Corts hayan vuelto a poner en marcha la reforma del Estatuto, que está pendiente desde 2011 por la resistencia de los diputados del PP en el Congreso a la toma en consideración de esta iniciativa.

El motivo es la cláusula presente en la reforma del Estatut que blinda las inversiones del Estado en la Comunitat al fijar que se éstas deben calcularse en un porcentaje equivalente al peso económico de la Comunitat sobre el PIB del conjunto del Estado.

A finales de este mes se nombrará a los representantes de Les Corts que defenderán la iniciativa en el Congreso con el fin de que la reforma del Estatuto pueda ser tomada en consideración este mismo año. Esa situación obliga a retratarse a los diputados valencianos en el Congreso. En el caso de los populares, la disyuntiva se produce entre acatar la consigna del partido, contraria al blindaje de la inversión regionalizada en los estatutos, o por romperla por votar a favor de un mayor nivel de inversiones en la Comunitat.

CRÍTICAS A PASTOR POR INCUMPLIR SU PROMESA 

Al margen de reclamar inversiones concretas en infraestructuras como el corredor mediterráneo o la línea férrea Sagunto-Zaragoza, los empresarios denunciaron que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha incumplido su compromiso de que el tercer hilo del corredor estaría terminado en 2015. Según los empresarios, el déficit de inversión en infraestructuras de la administración central en la Comunitat Valenciana en los últimos quince años ascendería a 7.000 millones de euros.

Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas, denunció la "trampa" que se produce en la inversión estatal porque el alto grado de ejecución se limita a la administración estatal, no a empresas públicas. Puso el ejemplo de ADIF, que a cierre de 2014 "dejó de gastar 630 millones", 200 de ellos correspondientes a la Comunitat.

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