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VALENCIA (EP/VP). El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha insistido en que se debe anular la multa a España de 18,93 millones de euros fijada por los Estados miembros y no se plantea que falle el recurso interpuesto por el Gobierno al respecto porque no le gusta "perder ni al parchís".
Margallo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, al ser preguntado por la multa fijada a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana.
El ministro ha señalado que han tenido una "pelea monumental" porque la multa podía haber llegado a los 2.000 millones de euros, "y ahora hablamos de 18 que ya hemos recurrido porque creemos que no es un falseamiento, sino una discrepancia contable. Y ahí seguimos peleando como siempre para a
rreglar este problema", ha subrayado.
Interpelado por quién tendría que pagar la multa, si el Gobierno central o el autonómico, ha indicado que "nadie": "Tenemos que ganar y que esa multa se anule porque es una diferencia de interpretación contable, nada más". Y preguntado de nuevo por si falla el recurso, ha contestado: "No admito la hipótesis. Ya hemos bajado de 2.000 a 18 millones y a mí no me gusta perder ni al parchís", ha aseverado.
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, se ha sumado a estas manifestaciones y ha señalado que "no ha habido ningún tipo de intencionalidad o conducta irregular". También ha subrayado que ha habido "total y absoluta cooperación y colaboración". "Hablamos -ha agregado- de una práctica contable incorrecta que se ha producido en la Comunitat desde 1988 a 2011 y que precisamente es el anterior gobierno autonómico de Alberto Fabra el que corrigió en 2012 esa mala práctica contable".
Al respecto, se le ha recordado que cuando era conseller de Hacienda, declaró que tendría que pagar la multa en todo caso el Gobierno, y se le ha preguntado si ahora, con su nuevo cargo de delegado del Ejecutivo, mantiene la misma afirmación. Ha afirmado que "primero la sanción debe ser exigible y, en ese sentido, la intención del Gobierno es recurrirla ante el tribunal".
La sanción --ha continuado-- "se impone al Reino de España, que es el que da cifras de déficit a las autoridades europeas, pero también es verdad que no ha habido intencionalidad y que esa práctica contable imputable a la Intervención General de la Generalitat ha sido corregida por el anterior gobierno del que yo formaba parte. Hay que esperar a los pronunciamientos del tribunal", ha pedido.
"EL MENOR PROBLEMA"
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que si el Gobierno soluciona el "problema" de la financiación, "éste sería el menor problema": "Yo estaría dispuesto a que la Generalitat pagara los 19 millones sin problema", ha apostillado.
Así, Puig ha señalado que le preocupan las "malas prácticas" del pasado y que esos 19 millones de euros, si finalmente los tiene que pagar la Generalitat, en la actual situación económica que tiene, "sería un nuevo handicap". "Hubo connivencia entre el gobierno de España y la Generalitat y eso hay que situarlo en el espacio de la infrafinanciación", ha afirmado.
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