Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

MADRID (EFE/VP). El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subrayado hoy que su Comunidad se encuentra económicamente "al límite" y no está "en condiciones" de pagar la multa impuesta por la UE, de la que ha responsabilizado al Ejecutivo autonómico del PP en "connivencia" con el de España.

Puig se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas tras ser recibido por el Rey en audiencia en el Palacio de la Zarzuela, ante una pregunta sobre la multa de 18,93 millones de euros impuesta por la UE a España por la manipulación de estadísticas relativas al déficit en la Comunidad Valenciana.

"La Comunidad Valenciana está en estos momentos en una situación límite desde el punto de vista económico" y la actuación multada "forma parte de una manera de gestionar lo público absolutamente negativa", ha recalcado, antes de afirmar: "Ahí hubo connivencia entre el Gobierno de la Generalitat y el de España" y ahora "son los ciudadanos los que van a tener que pagar este despropósito".

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han informado a Efe de que el Gobierno va a recurrir esta multa, la primera que se impone por manipulación de ese tipo de datos, por considerar que no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE.

El planteamiento del Ejecutivo es que la Comisión Europea aplica de forma retroactiva un reglamento que entró en vigor en diciembre de 2011 y que sanciona unos hechos cometidos con anterioridad a esa fecha, "cuando no eran susceptibles de sanción".

Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, considera que debe ser el Reino de España el que pague la multa y no trasladarla a "las esquilmadas arcas" de la Generalitat, al tiempo que argumenta que los ciudadanos no pueden pagar "la gestión negligente" del anterior Consell.