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MADRID (VP). En lo que va de año la inversión en España en startups ha superado los 100 millones de euros, lo que convierte al sector tecnológico en uno de los que más crecen en nuestro país. Sin embargo, España ha experimentado algunos cambios normativos que pueden llegar a penalizar la inversión en estas nuevas empresas emergentes.

Desde Ad&Law, expertos en asesoramiento fiscal, legal y financiero, ponen como ejemplo la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre sociedades "que ha derogado determinados incentivos fiscales como la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios". Al eliminar esta deducción las rentas obtenidas por las ventas del inmovilizado no pueden acogerse a la deducción del 12%, tal y como sucedía antes, si su importe se reinvertía en otros elementos del inmovilizado.

Además, aquellas empresas cuya cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros han visto suprimida la deducción del 10% y 5% en empresas de reducida dimensión y en microempresas, por inversiones sobre los beneficios obtenidos. Estos negocios también se han visto perjudicados al eliminar el incentivo fiscal que permitía amortizar, de manera acelerada, los elementos patrimoniales objeto de reinversión y la desaparición del tipo de gravamen reducido por mantenimiento de empleo para las microempresas, incrementándose del 20% al 25% el impuesto sobre los rendimientos que no sobrepasen los 300.000 euros.

Otro impuesto que penaliza la inversión es el Exit Tax. Desde enero de este año los contribuyentes que se trasladen fuera de la UE y realicen inversiones superiores al millón de euros tienen que hacer frente a esta nueva obligación fiscal. Aunque, en principio, el Exit Tax sólo afecta a los grandes patrimonios, ya que se aplica sobre el IRPF, puede afectar a la inversión de las empresas de nueva creación y a las start-ups.

Desde Ad&Law explican que "aunque las empresas emergentes no suelen tener inversiones muy elevadas, en comparación a otros grandes proyectos, sí que se trata de un impuesto que penaliza la inversión ya que si un inversor se traslada al extranjero y es titular de acciones o participaciones en entidades cuyo valor de mercado exceda, conjuntamente, de 4 millones de euros o cuando se controle más del 25% de una sociedad con activos superiores al millón de euros deberá de hacer frente al Exit Tax".

"De este modo -recuerdan desde Ad&Law- este nuevo impuesto sí que puede suponer un obstáculo importante para que grandes patrimonios e inversores internacionales fijen su residencia en España y para que algunos decidan salir de nuestro país antes de consolidar los 10 años de residencia en territorio español". Es más, desde un punto de vista técnico, se configura como una restricción fiscal que dificulta el libre movimiento de factores productivos y determinadas asociaciones han presentado una denuncia contra el Exit Tax español ya que es un impuesto que puede vulnerar el derecho a la libre circulación de personas y capitales en la Unión Europea.

En sintonía con el Exit Tax existe la Regla especial de imputación que tributa en el IRPF y que obliga a los contribuyentes a imputar las rentas pendientes y declaradas en la base imponible del último periodo impositivo a través de una autoliquidación complementaria.

Desde Ad&Law concluyen que "el crecimiento en las inversiones en start-ups en España puede verse afectado por la modificación o supresión de algunos de estos incentivos fiscales que aunque, de primeras, intentan situarnos al nivel de otros países europeos en cuanto a recaudación lo que finalmente logran es penalizar, dificultar u obstaculizar la inversión".