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VALENCIA (VP). El presidente de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Vicent Mascarell, y los consejeros Carles Vendrell (Mes Gandia) y Dani Martí (Ciudadanos) han solicitado el cese voluntario de la popular y también consejera de IPG Lola Moncho por facturar 4.235 euros mensuales a la mercantil propiedad del Ayuntamiento a través de la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico SL, dirigida por su sobrino Ricardo Nadal Moncho.

Lola Moncho ocupó el cargo de consejera de IPG a petición del Partido Popular por el planteamiento del nuevo gobierno para que todos los partidos estuvieran representados en el consejo de administración. “Nos hemos enterado del contrato después de que la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico SL nos enviara un burofax en el que solicitaba el pago por la relación laboral”, comentó el socialista Mascarell.

Un hecho que desde el consejo administrativo de IPG se considera “intolerable” porque la consejera delegada no sólo viene percibiendo este salario sino que además tenía un despacho en el Ayuntamiento y una secretaria a su disposición, todo ello a través de “un contrato ficticio”. Al respecto, Mascarell apuntó que Lola Moncho cobraba ese dinero por la dirección de proyectos por los que “no estaba habilitada técnicamente para ello”.

En la misma línea se mostró Vendrell, de Mes Gandia, quién resaltó: “no es aceptable que se tengan conexiones directas o indirectas con una empresa que facturaba a IPG”. De hecho, Lola Moncho ocultó desde el principio su relación laboral con IPG, que la vincula desde 2014 con la empresa pública.

Es por ello que desde el consejo administrativo de IPG se ha pedido el cese de Moncho. “Uno no puede ser Consejero Delegado de una empresa y facturar a esa empresa por asesoría externa, es inmoral”, denunció Dani Martí, de Ciudadanos.

Por su parte, Moncho ha subrayado que “no voy a dimitir” y ha matizado que su relación con la empresa pública se desarrolla a través de un contrato de servicios con un importe de 3.500 euros brutos mensuales. A ese importe, señala, hay que descontar el IVA, las cotizaciones y el IRPF, por lo que su salario “equivale al de un auxiliar”.

Según se observa en la información facilitada, el contrato fue firmado el 21 de mayo de 2014 por una duración inicial de un año por servicios de asesoramiento y asistencia técnica para la realización de un centro de Desarrollo Agrícola. Por dichos trabajos, IPG se comprometía a pagar 50.820.000 euros.

Mascarell apuntó que además para su “adecuada realización” se daba permiso a Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico SL para desplazarse a las dependencias de IPG y hacer uso de los medios técnicos y materiales necesarias para desarrollar dichas tareas. 

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