Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• AitanaStar, pulseras con tecnología QR para situaciones de emergencia
• La UPV lanza un concurso para "reinventar" la Universidad
• Llega a Valencia Metricson, una firma de abogacía especializada en 'startups'

VALENCIA. Un representante legal de Acciona será juzgado este martes en Alzira por un delito contra la ordenación del territorio, acusado de construir tres parques eólicos sobre una cañada real pese a que el convenio con el Ayuntamiento de Enguera lo prohibía expresamente. El fiscal pide dos años de prisión para Javier Ignacio M. A. y a Acciona, como responsable civil directo, que devuelva la cañada real a su estado original. Ello supone el desmantelamiento de los aerogeneradores que invaden el terreno, razón por la que el juez, en su auto de apertura oral, ya pidió a Acciona una fianza de 600.000 euros.

Fue el portavoz del PSOE-PSPV en Enguera quien denunció en 2009 la ocupación ilegal de la Cañada Real de Almansa, al comprobar que Acciona no había respetado la licencia de obras concedida por el ayuntamiento por la que se le obligaba a respetar una distancia de 75 metros entre las cañadas reales y los aerogeneradores.

La denuncia se interpuso contra el legal representante de Acciona Eólica de Levante, Javier Ignacio M. A., que fue quien se encargó de la negociación para la implantación de los parques eólicos Salomón, Benalaz I y Benalaz II instalados en Enguera dentro de la denominada Zona XII del Plan Eólico Valenciano.

Acciona pidió licencia de obras en 2008 al Ayuntamiento de Enguera para la construcción de los tres parques eólicos y éste lo concedió bajo la condición de que se evitara la ocupación de las Cañada Real de Almansa o Valencia y la Cañada Real de Tortosilla.

Pese a la prohibición expresa del convenio, que establecía 75 metros de distancia entre las cañadas y los aerogeneradores, el proyecto se ejecutó sin respetarla. Las cañadas reales son bienes de dominio público imprescriptibles, inalienables e inembargables.

Entre los denunciantes también figuran Acció Ecologista Agró, la Associació per un Desenvolupament Eòlic Sostenible (ADES) y la Generalitat valenciana.