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VALENCIA. El nuevo Gobierno valenciano incluirá en el próximo Plan Económico-Financiero (PEF) que debe presentar al Ministerio de Hacienda un ingreso extraordinario de unos 600 millones de euros procedente del Estado. El concepto: compensación por la exención del pago de impuestos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, impuestos que eran en su mayoría autonómicos y que el Gobierno de Rajoy perdonó a esta empresa semipública.

La Sareb fue eximida en 2012 de pagar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP), IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la compra de cerca de 200.000 activos inmobiliarios, por un importe de 50.700 millones de euros, a nueve entidades que habían recibido ayudas públicas, incluidas cuatro nacionalizadas. El 80% eran activos financieros -hipotecas- y el 20% activos inmobiliarios.

La exención se justificó porque la transmisión de activos a la Sareb -45% pública y 55% repartida entre un amplio grupo de entidades financieras- se hacía por mandato legal y era un traspaso transitorio, no finalista. Su razón de ser era liberar de esta carga inmobiliaria a los bancos en apuros y que la Sareb volviera a vender los activos. Si hubiese tenido que pagar los impuestos correspondientes por la primera compra, la operación habría sido inviable.

Según explican a Valenciaplaza.com fuentes del equipo del conseller de Hacienda, Vicent Soler, la decisión que tomó el Gobierno no se discute, lo que se cuestiona es que ese perdón no lo pagó el Estado, sino las haciendas de las comunidades autónoma. Además, de forma desigual, ya que la gran mayoría de los activos traspasados estaban ubicados en Madrid y la costa mediterránea. Según la memoria de 2013 de la Sareb, el 14,4% del total de activos inmobiliarios adquiridos por el banco malo estaban en la Comunitat Valenciana. En euros, era el 11,8% del total.

EL CONSELL QUIERE UNA COMPENSACIÓN

El ITP era entonces del 8% en la Comunitat Valenciana -ahora es el 10%-, mientras que el impuesto de AJD estaba en el 1,2% -ahora es el 1,5%-. Ambos son tributos autonómicos. El IVA que se aplica a la compra de inmuebles, que se reparte al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma donde se recauda, había subido ya al 10%.

En el caso del impuesto autonómico de AJD, el que se paga en las notarías al escriturar, la exención continúa vigente para la compra de pisos de la cartera de la Sareb por parte de particulares o empresas. Según fuentes de la sociedad semipública, esto se estableció así por parte del Ministerio de Hacienda para compensar la desventaja que tenía la Sareb respecto a los bancos por no poder conceder préstamos hipotecarios a los compradores de sus inmuebles.

Lo que el Ejecutivo de Ximo Puig planteará al Gobierno es que compense a la Generalitat por el dinero no recaudado, que calcula en unos 600 millones de euros. Esta cantidad serviría para paliar en 2016 el déficit estructural que sufre la Comunitat por culpa del modelo de financiación autonómica, pero no sería un ingreso recurrente. 

La cantidad se incluirá como ingreso en el PEF, el plan de equilibrio presupuestario que debe presentar la Generalitat tras no haber cumplido los objetivos de déficit. El PEF se somete a votación en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

ANTECEDENTES

Como argumento a favor ante una probable negativa del ministro Cristóbal Montoro, el conseller Soler cuenta con un antecedente reciente. Se trata del impuesto estatal sobre los depósitos bancarios, que creó Montoro para acabar con los impuestos autonómicos que ya existían y otros que estaban preparándose.

El impuesto estatal al 0% de interés supuso, en la práctica, que ninguna comunidad podia tener un impuesto que gravase lo mismo. Como había tres autonomías, Canarias, Andalucía y Extremadura , que ya lo aplicaban, el Gobierno central se vio obligado a compensarlas cada año por la cantidad que habían dejado de ingresar. 

Las mismas fuentes aseguran que no se quiere inflar el presupuesto, como se hizo en el de 2014, con más de 1.000 millones de trasferencias del Estado que el Ministerio de Hacidnda no tenía en su presupuesto de transferencias.