Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Vicent Mascarell compagina su labor como nuevo presidente de la empresa pública Iniciatives Publiques de Gandia (IPG) con el ejercicio de la abogacía en Mascarell Advocats. En esta entrevista exclusiva con Valenciaplaza.com desvela cómo ha encontrado la empresa que hasta el cambio de gobierno municipal presidía el exalcalde de la ciudad, el popular Arturo Torró.

La nueva corporación municipal le otorgó la responsabilidad de dirigir IPG, hoy un tema candente en Gandia.

Exacto, tengo la responsabilidad de dirigir lo que un día definí como "la cueva de Ali Babá" y, desgraciadamente, he comprobado que es así. Es en la empresa pública donde se han generado todos los desmanes de esta ciudad. Ha sido un instrumento perverso al servicio de una única persona y un único partido: Arturo Torró y el Partido Popular. Nos hemos encontrado con una deuda de más de 200.000 euros a la Seguridad Social, todas las cuentas bancarias embargadas, deudas a proveedores de más de 3 millones de euros, 661.000 euros de deudas en pagarés y cajas metálicas con dinero en efectivo que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Además, hemos encontrado un contrato de alquiler de la discoteca Cocoloco por el cual el Ayuntamiento, a través de IPG, se obliga a pagar 10.000 euros más IVA al mes durante 15 años.

Cocoloco cerró en enero de 2013 para ubicarse a otro lugar que no hiciera tanto ruido.

Exacto, ese local de la playa está parado, no tiene ningún uso. La empresa cerró en enero de 2013 y el contrato fue firmado en febrero de 2013 con una duración de 15 años, por lo que se han pagado dos años y medio por el cierre de una discoteca. Según dijo en su día el señor Torró, la discoteca cerró y se trasladó a otro lugar gracias a su intermediación, pero ahora vemos que detrás de esa negociación política había un compromiso económico en el cual, en un momento de crisis, se comprometió a pagar aproximadamente 1.800.000 euros euros en 15 años, aún sabiendo la deuda que tenía. En este momento la discoteca no funciona y el Ayuntamiento está obligado a seguir pagando 10.000 euros mensuales hasta dentro de 12 años.

Volviendo a la empresa pública de Gandia, ¿cuál es su futuro inmediato?

Vinimos con el objetivo de liquidar IPG lo antes posible y con el menor coste económico y social, garantizando los derechos de los trabajadores y asegurando los servicios públicos esenciales. Es una lástima que una empresa que nacía con el objetivo de impulsar políticas activas en el ámbito de la vivienda, de la economía, del turismo y de los medios de comunicación se pervirtiese de tal manera que nos obliga a ponerle fin. Así nos lo marca la ley, el sentido común y las directrices de la actual corporación municipal. Es una bomba de relojería que intentamos desmontar sin que nos explote, aunque esto es muy difícil.

A IPG se le une el revuelo de las investigaciones de la Púnica en Gandia, un caso en el que usted ha estado desde sus inicios.

Al estallar el caso Púnica a nivel nacional y tras nuestras indagaciones, conseguimos acceder a facturas que, a priori, daban a entender que la red Púnica se extendía también en Gandia. Observamos una misma forma de proceder, la figura de Alejandro de Pedro, su relación con Arturo Torró antes de ser alcalde y las posteriores y continuadas facturaciones al Ayuntamiento de Gandia por diversos medios. Así, en noviembre de 2014, ponemos en conocimiento ante el Juez Eloy Velasco la existencia de distintas facturas y la relación personal, política y empresarial de Púnica y especialmente de Alejandro de Pedro y dos de sus empresas, Ico y Madiva, con Arturo Torró y el Ayuntamiento de Gandia.

En su opinión, ¿cómo va a afectar Púnica al Partido Popular en Gandia?

Va a provocar una crisis importante en Gandia. Imputarán tanto Arturo Torró como el actual portavoz del Partido Popular (Victor Soler) en Gandia. Esto va a provocar una gangrena generalizada en el seno del partido de Gandia. No será el único caso pero sí será por dónde comenzará a desvelarse la trama del PP en nuestra ciudad.

Por tanto, vamos a conocer más cosas sobre la Púnica.

Exacto. El caso Púnica no sólo atañe a las facturas que hemos podido acceder y que pertenecen a dos empresas de De Pedro, sino que ya adelanto a Valenciaplaza.com que también hay empresas constructoras de Gandia implicadas. Solo hemos visto la punta del iceberg en nuestra ciudad. Hay empresas constructoras, como empresarios de nuestra ciudad involucrados y en breve veremos la lista de imputados que no sólo se ceñirá a altos cargos del Partido Popular.

¿Puede decirme algo más?

No. Hay secreto de sumario. Estamos personados en la causa y no puedo decir nada.

Usted formó parte del comité negociador del PSOE en el pacto de Gandia. ¿Cómo se originó?

Fue un pacto de emergencia ante una situación de emergencia. Ha sido un pacto transparente cuyo objetivo principal era que Arturo Torró no continuase como alcalde de Gandia. Pero esto ha derivado en un gran pacto por la ciudad y las personas. Este gobierno es un gobierno de excepción porque así lo eran las circunstancias. Nos hemos llegado a poner de acuerdo gente muy diversa y el PSOE, como tantas otras ocasiones, ha tenido que gestionar y arbitrar este caos. Hemos conseguido sumar a gente muy diversa y vamos a ser ambiciosos en lo pequeño porque la situación está muy complicada.

Volviendo atrás en el tiempo, ¿cómo han sido estos cuatro años en la oposición?

Estos años han sido muy duros por la forma que ha tenido el anterior gobierno de tratar a la oposición, especialmente en el terreno personal y humano. Entendemos que la democracia necesita un gobierno fuerte pero también una oposición que fiscalice en condiciones. En este sentido, el PP intentó ahogar a la oposición, eliminado las dedicaciones de los portavoces y el uso de asesores, forzándonos a realizar una oposición en precario. Enfrente nos encontrábamos una gran maquinaria de gobierno, con concejales que cobraban sueldos millonarios y además tenían una red de asesores y enchufados nunca antes vista en nuestra ciudad. A pesar de ello creo que hemos hecho el trabajo en condiciones. Arturo Torró, como alcalde, aplicó aquello que hacía en su labor privada: Una actitud mafiosa. Primero intenta comprarte, si no lo consigue te amenaza y si realmente no cedes a sus amenazas, intenta destruirte. Esa actitud mafiosa ha sido continuada en el tiempo y, a veces, le ha dado resultado y otras no.

¿Y para Gandia?

Estos cuatro años han sido un drama y sorprende cómo se pueden echar por la borda tantos logros. Queremos recuperar la ciudad para las personas y para ello vamos a dirigir todos los escasos recursos que tengamos para intentar ayudar a las familias con que más problemas tienen e intentar que los servicios se ofrezcan con garantías. No va a ser fácil. Entramos con una deuda que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por tres, tenemos una deuda a proveedores de 50 millones de euros y todo lo que nos estamos encontrando en la empresa.

¿Cuáles son las prioridades que tiene el actual gobierno?

Queremos empezar llevando la dignidad, transparencia y la participación al ayuntamiento. Esto es fundamental. Después resolviendo los problemas que tengan los ciudadanos. Para eso somos conscientes que es necesario tener recursos públicos, deberemos gestionar mejor los recursos y hacerlo con equidad. No va a ser fácil.