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VALENCIA (EFE/VP). La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de una de las piezas abiertas en la Audiencia Nacional contra los responsables del Banco de Valencia por créditos presuntamente irregulares concedidos a la sociedad Royactura para la compra de terrenos en Móstoles que, según los peritos del Banco de España designados para analizar las tasaciones, pudieron causar a la entidad un perjuicio de 12,6 millones de euros.
Tal y como adelantó Valenciaplaza, esta es la primera de las piezas separadas abiertas tras las denuncias del FROB en la que los peritos designados por el Banco de España ya han finalizado su informe pericial sobre tasaciones y lo han puesto a disposición del juez Pedraz, quien a su vez ha dado traslado a la Fiscalía para que informe.
La medida se produce ello después de que el pasado 29 de mayo, la fiscal Concepción Sabadell se hubiera opuesto al sobreseimiento que reclamaba Manuel Setién, uno de los imputados, ante los "indicios" de que este podría haber cometido un delito de administración desleal con la financiación otorgada Royactura en 2006 para la adquisición de unos terrenos en Móstoles.
Dichas operaciones consistieron en la concesión de una línea de crédito de 18 millones después ampliada a 40 millones, y en otros cinco créditos otorgados por Bancaja por valor de 20 millones, todos ellos refinanciados tres años después.
Con ellas, el Banco de España ya cifró en 2013 un quebranto para el grupo BFA-Bankia, en la que integró con otras seis cajas, de 32 millones (un 74 % del total) a diciembre de 2012.
El juez Santiago Pedraz imputó por estos hechos, entre otros, a Setién y al ex consejero delegado Domingo Parra. Ambos fueron arrestados el lunes junto al expresidente José Luis Olivas y el exdirector general Aurelio Izquierdo por haber favorecido presuntamente a dos empresarios en sus inversiones en el Caribe mexicano. Esta actuación surge tras la denuncia de Bankia a la Audiencia Nacional de créditos irregulares a la empresa Grand Coral heredados de Bancaja y Banco de Valencia.
En su escrito, la fiscal considera que en este caso hay que tener presente la relación de Bancaja con Royactura, ya que estaba participada al 45 % por Actura, propiedad al 100 % de la entidad, y al 55 % por Royal Rosan. En su opinión, esta inversión "aparecía en la fecha de los hechos como una operación muy rentable y productiva", y su solvencia "no venía únicamente determinada por las garantías reales de crédito", sino por la de Bancaja.
Hace un mes la misma fiscal apreció indicios de delito. Sin embargo, Sabadell en esta ocasión sostiene que "en la financiación concedida a Royactura no queda acreditada irregularidad alguna relevante desde el punto de vista penal". Ahora subraya que "el perjuicio finalmente generado con tales operaciones no era previsible en la fecha de realización de aquellas". Tampoco cree que haya quedado demostrada "la actuación personalista" de Parra.
LOS PERITOS CUESTIONAN LAS TASACIONES
Las afirmaciones de la fiscal llegan después de que dos peritos designados por el Banco de España concluyeran que las operaciones que denunció el Banco de Valencia no se realizaron "de acuerdo con unos principios de gestión prudente", ya que se financió por importes de alrededor del 100% del precio de adquisición de los terrenos.
Un precio que además contenía "un elevado componente especulativo", esto es, la aprobación de un plan que los reclasificaba a urbanizables y unas expectativas de precios y plazos de venta que "no se compadecían con la realidad existente en dicho momento".
Los dos expertos también confirman que no se realizaron tasaciones hipotecarias de los suelos, "de modo que no se contempló el hecho de que los valores hipotecarios" a la fecha de la concesión de los créditos "resultaban muy inferiores a los precios de compraventa". Consecuencia de ello es que se alcanzó "un exceso de riesgo" de 15,8 millones.
Dado que no se alcanzaron las expectativas, se refinanciaron las operaciones "con perdida de las garantías personales" en 2009, cuando el valor de los terrenos "ha caído muy significativamente" por el empeoramiento de las condiciones de mercado, con una caída de precios del 15 %.
Con todo ello, los valores de tasación se redujeron a los 4,8 millones, "lo que supone para Banco de valencia unas pérdidas de 12,6 millones de euros", concluían los peritos.
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