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VALENCIA (VP). La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia confirma que en 2014 hubo un sobrecoste de 47.500 millones en licitaciones públicas de bienes y servicios en España, causado por malas prácticas de adjudicación directa.

En ese sentido, desde el pasado 9 de abril los 542 municipios de la Comunitat Valenciana se enfrentan a la ley 2/2015 de 2 de abril. Una nueva normativa autonómica en materia de transparencia en la contratación pública que, además de eficacia, busca atajar en lo posible la corrupción. Una norma de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana con exigencias de obligado cumplimiento a partir de octubre y cuyo incumplimiento puede ser objeto de severas sanciones.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha organizado un encuentro en colaboración con Grupo Ifedes, SICOP, Pixelware, Cosital, Asociación de Transparencia, Grupo MCG, Aytos y GESPA en cuya primera parte se abordaron las exigencias jurídicas, de procedimiento y contratación pública; en la segunda se realizó un debate político con todas las formaciones del nuevo arco parlamentario.

DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Emma Verdú, abogada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira apuntó que lo esencial del nuevo marco normativo reside fundamentalmente en dos pilares: el derecho a la información pública y la publicidad activa; a los que se añade las exigencias de buen Gobierno en los términos de la normativa estatal a la que se remite. El primero implica que cualquier persona puede pedir información a la Administración sin esgrimir un interés particular; el segundo, la obligación que tienen los perceptores o administradores de fondos públicos de dar publicidad al uso que de éstos, sin necesidad de que nadie lo solicite, además de informar todas y cada una de las actividades o asuntos que puedan tener interés general.

Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 400.000 euros, el cese en el cargo con la correlativa inhabilitación por un periodo de hasta 10 años, la resolución de los contratos y la devolución de las ayudas o préstamos percibidos, entre otros, por lo que deben implantarse de inmediato mecanismo de control y gestión de estas exigencias.

Para David Muñoz, consultor Optimización de Grupo Ifedes, dentro del proceso de mejora de transparencia al que están sometidas las entidades públicas a través de la Ley 2/2015, su empresa ayuda a los clientes a adaptarse a la Ley organizando los procesos dentro de la entidad, determinando tareas y responsables, la información a publicar así como el desarrollo técnico del portal web de transparencia donde la entidad puede comunicar los indicadores relacionados con temas jurídicos, de información corporativa, económica o relativa al organigrama. En definitiva, Ifedes ayuda a la entidad a hacerse absolutamente accesible y transparente frente al ciudadano.

Salvador Ortí, responsable ejecutivo de SICOP llamó la atención sobre de qué sirve utilizar un adecuado procedimiento administrativo en la Contratación Pública y la posterior publicación de los datos sobre la misma en pro de la transparencia hacia los ciudadanos, si las características técnicas del producto o servicio a contratar, responde a la total discrecionalidad del solicitante. Ortí recordó que esta situación se reproduce actualmente en el 70% de las contrataciones que se realizan para las compras menores en los municipios. Asimismo sostuvo que las en las Directivas europeas y en algunas CC.AA. las normativas en vigor, como la Ley 19/2014 de la Generalitat de Cataluña, establecen ya que "en todos los contratos, incluyendo los patrimoniales y los menores, deberá informarse del cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, así como los acuerdos e informes técnicos que motivan la necesidad de la contratación".

Disponer las entidades públicas de forma gratuita, de un Sistema electrónico como SICOP, les permite previamente a decidir sus compras, poder comparar las ofertas de los distintos proveedores existentes en el mercado, garantizando así poder objetivar sus decisiones, además de que los criterios seguidos en la selección de proveedores, puedan ser conocidos de forma transparente por los ciudadanos, al publicarlos en la web Municipal y en el Portal de Transparencia de la CCAA tal como exige la normativa vigente.

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

Luis Murillo, consejero del centro de gestión del conocimiento público de Cuatrecasas, Goçalves Pereira manifestó que la transparencia en la contratación administrativa es un principio axial de la misma. "Todas las sucesivas reformas de la normativa contractual han de ir dirigidas a su potenciación. Esto no obstante, y en la lógica ponderación de intereses que ha de regir el actuar administrativo, es preciso redefinir y ahondar en el concepto de "confidencialidad" tanto para que no se convierta en una excusa de cara a la falta de transparencia como para saber exactamente qué es."

Por su parte Josep Martí, director de Pixelware, dijo estar convencido que la implantación de la Contratación Electrónica regulada en este Anteproyecto debe ser un factor clave y necesario, de cara a conseguir una total Transparencia de los organismos públicos, para ello ponemos a disposición de dichos organismos nuestras plataformas de Contratación y Licitación Electrónica.

Finalmente Juan Carlos Galindo, presidente de la asociación de transparencia manifestó que en el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones. "El gran desafío para todo esto, es encontrar un equilibrio entre lo que debe ser informado, lo que puede ser informado y lo que no vale la pena hacerlo, porque no es relevante, y lo que no debe ser informado por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones de interés general, seguridad o por protección de datos de carácter personal".

Añadió que para un ciudadano cualquiera, la dificultad radica en saber si la información que le han proporcionado es sincera, clara, objetiva, y real. La entidad que preside anuncia que van a crear una guía de actuación y realizer auditorias físicas en las administraciones correspondientes, así como auditorias de usabilidad y utilidad para emitir un certificado de calidad.

Sergio Fernández, asociado sénior del área de Derecho Público de Cuatrecasas, Goçalves Pereira, se ocupó de exponer los nuevos principios de funcionamiento de las Administraciones Públicas que se encuentran en el proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, destacando el dirigido a evitar duplicidades de órganos y procedimientos innecesarios y redundantes, la supervisión continua destinada a evaluar el cumplimiento de objetivos predeterminados, así como la estricta adecuación de los medios destinados a las finalidades públicas a fin de eludir gastos económicos injustificados y empobrecimiento de las arcas públicas.