AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA (VP). Los pelotazos que Bancaja y Banco de Valencia intentaron dar con sus faraónicos proyectos inmobiliarios en el Caribe ya han tenido sus primeras consecuencias. Su expresidente, José Luis Olivas fue detenido este lunes acusado de malversación y estafa junto a otros cinco exdirectivos de las entidades hoy desaparecidas y a dos empresarios alicantinos que, según la denuncia que dio origen a la investigación, tuvieron ganancias millonarias con operaciones que provocaron un agujero de más de 336 millones de euros.
Además de Olivas, la Guardia Civil detuvo al exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, y a los exdirectivos de Bancaja Aurelio Izquierdo, José Cortina, Julián Dolz, Rafael Codoñer y Manuel Setién. También se les señala como presuntos autores de delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La operación ‘Coral', desarrollada en Valencia y Madrid, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González y se inició a raíz de una denuncia de Bankia en mayo de 2014. El banco presentó la denuncia en el juzgado central de instrucción número 3 cuyo titular en ese momento era el Javier Gómez Bermúdez, quien ya envió a la cárcel a los empresarios Juan Ferri y José Baldó por sus negocios en el Caribe con la CAM. La operativa por la que estos se habrían lucrado a costa de las entidades era la misma en Bancaja, Banco de Valencia y la CAM.
Uno de los ejes de la investigación fue una operación mediante la cual Ferri y Baldó se embolsaron 76 millones de euros por las plusvalías obtenidas con la venta de una finca en México que compraron por 49 millones de euros y, seis semanas después, fue vendida por 125 millones al Grand Coral, el grupo con el que Bancaja y Banco de Valencia desarrollaba sus proyectos inmobiliarios en el Caribe y entre los que cuyos socios estaban los dos empresarios alicantinos.
SOCIEDADES CONJUNTAS Y DESVÍO A PARAÍSOS FISCALES
El procedimiento descrito en el forensic que permitió a los nuevos gestores de Bankia denunciar las irregularidades guarda muchas similitudes con el seguido en la CAM: desarrollos inmobiliarios conjuntos en el Caribe, operaciones aprobadas sin las garantías legales y desvío de capitales a sociedades instrumentales. Según detalló ayer la Guardia Civil, la información recabada en la investigación revela que, tras recibir los créditos, los dos empresarios desviaban importante sumas de dinero a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales. En total se habrían derivado más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza "mediante una elaborada ingeniería financiera".
El grupo Grand Coral operaba en un doble nivel. En la cúpula se situaban una serie de firmas sin actividad inmobiliaria y domiciliadas en Holanda de las que colgaban las sociedades pertenecientes al grupo, encargadas de los desarrollos urbanísticos en el caribe.
El socio mayoritario de Grand Coral era Bankia Habitat con una participación del 40% heredada de Bancaja. El resto del accionariado estaba repartido entre Urbanika SL (10%); la firma Bacavum (15%), propiedad Banco de Valencia y la familia Calabuig 15%); y dos empresas de Juan Ferri (Iljafran, con un 21%) y José Baldó (Inquan, con un14%).
El desvío de fondos y el incumplimiento de la norma en la clasificación de los créditos concedidos a Grand Coral -que Bancaja debió clasificar como dudoso y realizar las coberturas correspondientes- son los dos ejes de la investigación, pero la retahíla de irregularidades es amplia. Un informe aprobado por la comisión ejecutiva del Banco de España, pone los créditos a Grand Coral como ejemplo de operaciones de urgencia aprobadas por el presidente o el director general sin padar por el consejo y basabas en valoraciones de activos inexistentes o poco fiables.
En el primer apartado, el del desvío de capitales, una serie de correos electrónicos de los ahora detenidos desvelados por la cadena SER el pasado mes de marzo describían cómo Bancaja y Banco de Valencia concedieron a Grand Coral un crédito de 125 millones para comprar la finca 'El Zacatón'. Al día siguiente, Ferri y Baldó, socios de Bancaja en Grand Coral, compraron esos mismos terrenos por 49 millones a través de una sociedad interpuesta. Un mes y medio más tarde, el 7 de febrero de 2007, Grand Coral pagó a los dos empresarios 125 millones por la misma finca.
REFINANCIACIÓN SIN GARANTÍAS
La financiación concedida por Bancaja y Banco de Valencia a las sociedades del grupo Grand Coral no paró de crecer hasta que en 2009, ante la incapacidad del grupo para devolver los créditos, Bancaja refinanció y reagrupó su deuda viva con un préstamo sindicado de 520 millones de euros formalizado a principios de 2010, según detallaron los autores del ‘forensic' encargado por Bankia.
Cuando presentó su denuncia en mayo de 2014, Bankia señaló a los exresponsables de las dos entidades ahora detenidos como responsables de un quebranto de 336,6 millones de euros, ya que de los 434 millones de euros prestados sólo se habían logrado recuperar 97,4.
VUELOS EN JET PRIVADO Y NUEVAS IMPUTACIONES
Las relaciones entre el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia con los dos empresarios alicantinos iba mucho más allá de lo estrictamente profesional. De hecho, según reconoce el propio Olivas, durante su etapa al frente de las dos entidades viajó a México y Cuba en un avión privado de Ferri y Baldó. En su descargo, Olivas justifica que los viajes tenían una motivación "institucional", pues el objetivo de los mismos sería estrechar relaciones con el gobernador de Quintana Roo, el estado mexicano en el que se situaban varios de los proyectos promovidos por las entidades en el caribe.
Los problemas judiciales de Olivas, quien durante la tarde de ayer tuvo que ser trasladado al Hospital Doctor Peset para ser atendido por una indisposición, ni mucho menos se agotan con la causa que motivó su detención ayer.
El expresidente de la Generalitat y el empresario Vicente Cotino tienen pendiente un juicio por fraude fiscal presuntamente cometido a través de la empresa privada de Olivas, Imarol. Según denunció la Fiscalía, Cotino pagó a Olivas medio millón de euros por un supuesto servicio de asesoramiento en la venta de unas acciones, unos trabajos que el Ministerio Público sospecha que fueron simulados.
Además, Olivas está imputado en una de las piezas separadas que se abrieron tras las denuncias presentadas por el FROB contra la gestión de los anteriores responsables de Banco de Valencia, concretamente la de las operaciones que implican al empresario ilicitano Ramón Salvador.
Además, recientemente ha tenido que recurrir al seguro de responsabilidad civil que tenía como exvicepresidente de Bankia para abonar su parte de los 34 millones de euros de la fianza solidaria que el juez del ‘caso Bankia' impuso a los exresponsables de la entidad para atender el posible pago de las indemnizaciones derivadas de las denuncias por la salida a Bolsa de Bankia.
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp