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VALENCIA. "Las políticas sociales no se hacen gastando más, se hacen gestionado mejor e implicando a la gente". Esta frase la pronunció Rafael Climent, exalcalde de Muro d'Alcoi (Alicante) siendo diputado a la espera del nombramiento oficial como conseller de Economía Sostenible. Defensor de la llamada Economía del Bien Común (EBC), en sus cuatro mandatos consecutivos como primer edil consiguió que su localidad fuera una de las que menos impuestos pagaba de la Comunitat Valenciana y, aun así, pudiera presumir de algo inaudito: encadenar ejercicios con superávit. En 2014, por ejemplo, de 1,1 millón de euros

La llamada Economía del Bien Común no es exactamente una teoría económica específica, ya que usa los mismos fundamentos que la teoría clásica, sino una nueva aproximación filosófica. La gran pregunta es ¿para que sirve? Y la respuesta que dio el joven economista y sociólogo alemán Christian Felber (Salzburgo, 1972) en un libro publicado en su país en 2008 (Nuevos valores para la economía): debe servir para mejorar la vida de las personas.

Las teorías de Fleber (y del grupo de economistas que se sumó al manifiesto ¿En paz con el Capital?) rechazan tanto el neoliberalismo (más que el capitalismo) como la economía planificada. El concepto no nace, como pretenden alguno, de los textos de Karl Marx sino de la Constitución de Baviera que, en su artículo 151, señala que "toda actividad económica sirve al bien común". Este precepto, dicho sea el de paso, es el que inspira todo el capítulo III de la Constitución Española.

LOS CIUDADANOS PRIMERO, LOS NÚMEROS DESPUÉS

Climent resume en términos muy sencillos su visión de la res publica: "lo primero son los ciudadanos". Este filólogo no es ni un idealista ni un soviet, concepto recuperado por Esperanza Aguirre para el debate político recientemente. "Yo diría que la clave está en la transparencia y la participación". Un dato: cuando llegó por primera vez a la alcaldía (en 1999) lo primero que hizo fue abrir las puertas del consistorio a todos los ciudadanos. "Puede entrar quién quiera y pedir la información que le parezca", añade. Joan Ribó, alcalde de Valencia, no ha inventado nada.

Clemente insiste: "hacer una política social no es más caro ni supone un mayor gasto público, de lo que se trata es de gestionar mejor, pero también tener en cuenta que los números no son lo único". Pone un ejemplo: "el PIB de un país puede ser muy alto, pero no depende de que  sea democrático o de que pocos, muy pocos, ciudadanos tengan mucho y el resto, casi nada".

Para los defensores de la Economía del Bien Común hay otros indicadores a tener en cuenta más allá de los clásicos. Uno es el coeficiente de Gini, que permite medir las desigualdades (y que curiosamente fue ideado por un fascista italiano) o el FNB (Felicidad Nacional Bruta), que inventó en 1972 Jigme Singye Wangchuck, el rey de Bután.

APUESTA POR EL ASOCIACIONISMO

Otro de los aspectos que Climent se esforzó en fomentar en su etapa de alcalde fue el asociacionismo. "En Muro, con apenas 9.000 habitantes, tenemos más de 60 asociaciones vinculadas principalmente al mundo de la cultura y los deportes. Cada mes se organiza un gran evento y, cada semana, otros más pequeños. Esto ha permitido dinamizar mucho la economía y ha beneficiado a todo el pueblo". Insiste: "cuando la gente se implica, gestionar es más barato".

La teoría de Felber, se puede resumir en que los indicadores económicos clásicos no pueden considerarse un fin en sí mismo y que la economía no es simplemente un juego de suma ‘cero' en el que un agente solo puede ganar lo que otros pierdan. Así, consideran que la cooperación permite arrojar mayores beneficios (aunque no siempre se puedan cuantificar en términos monetarios) que la competencia.

El concepto económico de Felber, miembro del movimiento Attac (Asociación por la Tasación de las Transferencias financieras y la Acción Ciudadana), se resume en 20 puntos. Incluye un Balance del Bien Común en el que se analiza cómo cada uno de los agentes de la cadena de producción (proveedores, financiadores, empleados / propietarios, clientes, ámbito social) afectan a cinco variables: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia. Además, resta puntos cuando se actúa en contra de estos principios.

LAS DIFICULTADES LEGISLATIVAS

Climent se identifica como seguidor de las teorías de Felber, pero con los pies en el suelo. "Es una filosofía muy nueva y que está evolucionando pero, todavía queda mucho camino". El principal obstáculo es, señala, la falta de legislación. "Creo, por ejemplo, que una empresa que contamine no debería poder aspirar a un concurso público, pero legalmente no se le puede impedir. Por eso hay que intentar que las que no solo se fijan en los números, las que asumen su responsabilidad social, reciban un mejor trato y, sobre todo ,crear las condiciones para que hacerlo resulte atractivo".

Es decir, se trata de acabar con el viejo truco de 'externalizar costes', que es como se llama cuando una empresa contamina y se emplea dinero público para limpiar o cuando una paga salarios por debajo del umbral de subsistencia y el trabajador necesita ayudas públicas para llegar a fin de mes.

De este modo, defiende uno de los pilares básicos de la Economía del Bien Común: las empresas debe comprometerse a respetar estos principios, y el estado debe legislar para que estas compañías reciban beneficios. Además, defienden la existencia de monedas locales que actúen de manera paralela a las nacionales o supranacionales (como el euro), algo que existe en muchas localidades aunque nunca se llegó a aplicar en Muro d'Alcoi.

Feber y sus seguidores, entre otras cosas, discuten algunos de los dogmas de la teorías actuales basadas en el crecimiento perpetuo. En la Economía del Bien Común una empresa alcanza su tamaño optimo, y a partir ahí se mantiene: no hay ninguna necesidad de seguir creciendo. También rechaza que maximizar los beneficios económicos deba ser el fin último de una mercantil.

OTROS POSTULADOS DE LA EBC

En última instancia, la EBC aspira a poner el sistema al servicio de los ciudadanos. Así, apuesta por medidas como limitar salarios (nadie debe cobrar más de 20 veces el salario mínimo y la herencia debe tener un tope (el resto revierte al estado que se encarga de su redistribución). También defiende que, mientras más grande sea una firma, mayor poder de decisión deben tener sus empleados.

Otro de sus aspectos incluyen que las horas de trabajo deben ir disminuyendo hasta un tope de 30 a la semana o que la naturaleza no puede transformarse en propiedad privada. Esta se presta a cambio de una tasa, ya sea para cultivarla o para construir sobre un terreno.

El modelo de Economía del Bien Común, que se mueve entre lo realizable y lo utópico, no es un discurso cerrado, sino participativo, por lo que sus supuestos básicos han evolucionado (siempre en la misma dirección en los últimos años) y siguen haciéndolo. Así, a la largo de estos años, se han sumado propuestas como la creación de un Banco Democrático controlado por ciudadanos y no por el poder político.

El movimiento por el Bien Común tiene implantaciónn más o menos (más bien lo segundo) en unos 15 países (Alemania, Francia, Inglaterra, Austria...) y hay cerca de 2.000 empresas (la mayoría Pymes) adscritas a sus principios. En Austria e Italia hay sendas regiones que siguen estos principios. "Se trata de ir poco a poco y de concienciar a la gente", explica Climent, "pero sobre todo de poner a las personas primero".