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MADRID (EFE). El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y otros acusados por el vaciamiento del Grupo Marsans apuran los últimos días antes del inicio del juicio, previsto el próximo jueves, para llegar a un acuerdo de conformidad con las acusaciones y atenuar así las penas a las que podrían ser condenados.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan, no obstante, a la dificultad para alcanzar un pacto, ya que para materializarse deben estar de acuerdo una quincena de acusaciones, incluyendo la Fiscalía, que ha llegado a pedir hasta 15 años de prisión para Díaz Ferrán y 8 para el empresario Ángel De Cabo.

Mientras, las otras acusaciones han solicitado penas que oscilan entre los 3 años de Aerolíneas Argentinas y los 31 años y tres meses de la administración concursal de Díaz Ferrán y la de la herencia yacente de su socio, ya fallecido, Gonzalo Pascual.

A estas solicitudes de prisión se unen las elevadas exigencias en concepto de responsabilidad civil que pueden complicar más el acuerdo por la dificultad de muchos acusados para resarcirlas, señalan las mismas fuentes.

CULPABLE EN SU CONCURSO PERSONAL

Es el caso, por ejemplo, del propio Díaz Ferrán, declarado culpable en su concurso personal y el de sus empresas por distintos juzgados, si bien algunas de las fuentes consultadas señalan que podría afrontarla con la masa activa del concurso.

De hecho, Díaz Ferrán admitió en un escrito remitido el pasado octubre al instructor del caso, Eloy Velasco, que cometió un delito de alzamiento de bienes al incurrir en el "grave error" de "confiar" en el empresario Ángel de Cabo para reflotar Marsans.

Ya entonces apelaba a la reparación del daño como atenuante de la pena que se le pueda imponer y recordaba la reclamación de 1.600 millones de dólares a Argentina por la expropiación de Aerolíneas ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias relativas a Inversiones del Banco Mundial de Naciones Unidas (CIADI).

Mientras, De Cabo, cuyo abogado, Ignacio Peláez, renunció recientemente a su defensa, consiguió salir de la cárcel el pasado julio al reducir su fianza inicial de 50 millones a 300.000 euros por colaborar con la Justicia.

Por el momento, los dos están acusados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de los delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público reclamó también 8 años y nueve meses de cárcel para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, y 4 años y tres meses para la "mano derecha" de De Cabo, Iván Losada.

DEUDAS QUE COMPROMETEN LA VIABILIDAD

Según su relato, a partir de 2009 Díaz Ferrán y su socio comenzaron a acumular deudas "que comprometían gravemente la viabilidad" de las compañías del grupo Marsans, por lo que acreedores como Pullmantur, Sol Meliá, AC Hoteles, Hoteles Turísticos Unidos o Iberojet empezaron a exigir garantías adicionales de cobro a partir de ese año.

Díaz Ferrán y Pascual avalaron con su patrimonio las deudas y emitieron pagarés que no fueron sufragados, lo que derivó en reclamaciones judiciales que acabaron con las declaraciones del concurso de acreedores de la compañía y de los empresarios.

En abril de 2010, para mantener su "altísimo nivel de vida", contactaron con De Cabo para que ocultara su patrimonio, cediéndoselo gratuitamente a cambio de que, una vez realizado el ocultamiento, recibieran 8 millones en plazos mensuales de 100.000 euros.

Para vaciar el grupo, De Cabo creó un conglomerado societario para "frustrar la recuperación de los bienes" de los acreedores y puso a miembros de la empresa en nómina, adquirió vehículos de alta gama propiedad de estas sociedades, dispuso de los inmuebles o sacó dinero de la tesorería por servicios que nunca se prestaron.

Este es solo uno de los numerosos frentes judiciales que tiene el que fuera presidente de los empresarios españoles, que aguarda otro juicio junto a Losada por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans en el que la Fiscalía pedirá cuatro años más de cárcel.

Además, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.

Por esta operación, el juez Fernando Andreu admitió el pasado marzo una querella de Aerolíneas contra él y el ex consejero delegado de Air Comet Antonio Mata por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares.