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VALENCIA (VP). La Cámara de Comercio de Valencia toma posiciones ante el nuevo panorama político. La organización que preside José Vicente Morata, que se define como corporación de derecho público tutelada por la administración, ya ha comenzado a aplicar la nueva ley autonómica de cámaras, una norma aprobada por el anterior Consell pero que se desarrollará con el futuro gobierno controlado por el PSPV y Compromís.

Una de las primeras medidas de la Cámara para adaptarse a este escenario normativo ha sido la fijación de los requisitos para poder formar parte de futuro pleno, a la sazón órgano supremo de gobierno entre cuyas funciones está la elección del presidente.

El mandato de los vocales que actualmente lo forman, así como el de José Vicente Morata al frente de la Cámara está prorrogado desde hace más de un año. Las elecciones, que debían haberse celebrado el verano pasado, no serán convocadas al menos hasta 2016, tal y como explicó recientemente el propio Morata. Quien debe poner en marcha el proceso es el Gobierno central, pero no lo hará hasta que todas las comunidades autónomas hayan adaptado a su ámbito territorial la nueva norma cameral. La intención es renovar de manera coordinada los mandatos de todas las cámaras.

Si el pleno actual aún tardará al menos un año en ser renovado, ¿por qué la Cámara ha fijado ya los criterios que se seguirán para elegir a sus miembros? El motivo, según reconocen fuentes empresariales, es adelantarse a la llegada del PSPV y Compromís para limitar la influencia futura de la administración tutelante en la configuración de ese órgano.

La nueva normativa cameral reserva un notable margen de poder a la administración autonómica y, en particular, al futuro conseller con competencias en Comercio, un cargo que, según el reparto de cuotas de los nuevos socios de Gobierno, corresponderá a Compromís. Entre otras funciones, la nueva ley deja en manos de este conseller la aprobación del reglamento de régimen interior de la Cámara, la elección del representante de la Generalitat en el comité ejecutivo o la presidencia de la sesión constitutiva del pleno.

El nuevo pleno de la cámara estará formado por un máximo de 60 vocales. De ellos, dos tercios son representantes empresariales elegidos en función del peso económico de los sectores a los que representan o número de empleados. Estos vocales se clasificarán en grupos y una de las novedades ha sido la reserva de un cupo específico para empresas exportadoras.

En su última reunión, los órganos de gobierno de la Cámara ya aprobaron qué grupos formarán parte de los futuros órganos de Gobierno, lo que limita el margen de maniobra de la nueva administración autonómica para influir en el proceso.

El resto del pleno será una combinación entre personas de "reconocido prestigio en la vida económica valenciana" elegidos por las organizaciones que decida la Generalitat Valenciana y representantes de las empresas que mayores aportaciones económicas realicen a la Cámara. El reparto será de ocho y doce vocales, respectivamente.

Al margen de la cuota de representación de la administración en el comité y el pleno, la dependencia pública también se refleja en los recursos gestionados por la Cámara, que en parte proceden de encomiendas de gestión. Una parte de sus ingresos, de hecho, son subvenciones públicas consignadas en los presupuestos generales de la Generalitat en líneas nominativas o finalistas.

Además, la nueva ley contempla que las administraciones públicas aporten fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento, el coste de servicios público administrativos contemplados prestados por la Cámara o la gestión de programas que les sean encomendados mediante convenios, delegaciones de funciones, encomiendas o contratos programa.