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BARCELONA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nulo todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor de la historia de la Generalitat.

En tres sentencias casi idénticas en respuesta a los recursos planteados por Agbar, Acciona y por la propia Generalitat, el TSJC anula el procedimiento por considerar que vulneró "los principios de publicidad, concurrencia e igualdad".

Aigües Ter-Llobregat es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, por lo que abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.

Tras conocer el fallo, la Generalitat ha dado prácticamente por hecho que recurrirá ante el Supremo, un recurso que también han anunciado Acciona y BTG Pactual, a quienes la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL a finales de 2012, mientras que Agbar ha calificado de positiva la sentencia.

El TSJC censura que las bases del concurso incluían un programa de obras que inicialmente se consideró orientativo y luego pasó a ser obligatorio, y aprecia por tanto "un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores".

De esta forma, el tribunal considera que "la infracción" de los principios de publicidad y concurrencia que aprecia en el proceso avalan la anulación de la adjudicación, aunque por argumentos distintos a los que esgrimió el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC) a principios de 2013, cuando en una resolución excluyó a Acciona del proceso.

ENFRENTA A ACCIONA Y AGBAR

El conflicto por la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) se remonta a finales de 2012, y enfrenta desde entonces a las empresas Acciona y Agbar.

El origen de la batalla judicial es la privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat, que la Generalitat llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, y que supuso la mayor privatización de la historia de la Generalitat.

La Generalitat, necesitada de fondos para reducir su déficit público, sacó a concurso la gestión de esta empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta".

Al proceso se presentaron dos ofertas, la liderada por Acciona y la encabezada por Agbar, y el Govern valoró con más puntos la opción de Acciona y acabó adjudicando la gestión durante 50 años de ATLL a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39 %, y en el cual también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

En su oferta, Acciona se comprometía a pagar a la Generalitat 995 millones de euros, de los que 300 los abonó a la firma del contrato, el 27 de diciembre de 2012.

Poco después de conocer la adjudicación, Agbar llevó el caso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), que, el 2 de enero de 2013, dio la razón a Agbar y resolvió excluir a Acciona del procedimiento.

A partir de ahí, se desencadenó un rosario de recursos y de petición de medidas cautelares de todo tipo ante diversas instancias entre las partes implicadas en el proceso.

Fuentes de Agbar han señalado hoy a Efe que la empresa ve "positiva" la sentencia que "confirma la irregularidad del procedimiento seguido para llevar a cabo la mayor privatización de la historia de Cataluña".

Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, por su parte, han anunciado que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJC.

Acciona y BTG Pactual han denunciado la situación de "incertidumbre jurídica y económica" y han avanzado que analizarán todas las acciones legales posibles para defender sus derechos e intereses, "incluyendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados", según han explicado en un comunicado conjunto.

La polémica por la privatización de ATLL ha llegado al Parlament, donde el PSC e ICV-EUiA han coincidido en exigir al Govern que "rectifique" y han reclamado "responsabilidades políticas", mientras que Ciutadans ha abundado al pedir que la Generalitat dé marcha atrás en la "chapuza" realizada.