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MADRID (EFE/VP). El rechazo a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) por parte de los gobiernos autonómicos socialistas y nacionalistas, que este curso ya han demostrado con algunas medidas "paliativas", ha adquirido fuerza en los últimos días con el nuevo mapa electoral.

Solo las regiones en las que los próximos cuatro años gobernará el PP -Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla- cumplirán los plazos establecidos para que la ley se aplique según marca el Ministerio de Educación.

Si este curso la Lomce ha comenzado para primero, tercero y quinto de Primaria, incluyendo la evaluación para los alumnos de tercero, en el 2015-16 se implantará en los cursos pares de Primaria y se hará la evaluación final al alumnado que haya cursado sexto.

También la Lomce entrará en el nuevo curso en primero y tercero de Secundaria y en primero de Bachillerato.

Pero la semana pasada, tanto la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, como el portavoz educativo del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, anunciaron que solicitarán al Ministerio una conferencia sectorial extraordinaria para pedir detener la Lomce.

EL CASO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En el caso de la Comunitat Valenciana, el futuro Gobierno, que estará formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos, ha firmado ya un acuerdo programático con medidas sobre varias áreas y en él se indica que se consensuarán con la comunidad educativa medidas para "paliar los efectos negativos que tendrá la aplicación de la Lomce, hasta que se consiga su derogación".

Según datos de Educación y de acuerdo con los currículos y normativas que publica cada región en sus boletines oficiales, el pasado curso implantaron la Lomce en Primaria todas menos Cataluña y País Vasco, e hicieron sus normativas para las evaluaciones del alumnado de Primaria todas excepto Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco.

El currículo para ESO y Bachillerato para el próximo curso ha sido desarrollado hasta el momento por Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunitat Valenciana; la FP Básica de la Lomce ha tenido su desarrollo normativo en todas las regiones menos en Asturias.

La Lomce, también llamada "ley Wert", cuenta con seis recursos ante el Tribunal Constitucional -del grupo parlamentario socialista, el Gobierno y el Parlamento catalán y los ejecutivos de Andalucía, Asturias y Canarias- y con un documento firmado por casi toda la oposición para derogarla si el PP pierde la mayoría en el Congreso.

No obstante, fuentes de Educación recuerdan que se trata de una ley orgánica de obligado cumplimiento.

Y destacan que las comunidades del PP implantaron en su día la ley educativa socialista LOE, a pesar de estar en contra de algunos puntos como de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Además, señalan que una conferencia sectorial extraordinaria deben pedirla formalmente al menos seis comunidades y luego es el Ministerio el que decide convocarla o no.