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VALENCIA. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) urge al Ministerio de Fomento a que cumpla la sentencia europea que declaró ilegal el sistema de estiba español ante la asusencia de libre contratación y por la vulneración del principio de libertad de establecimiento.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo ha cumplido seis meses sin que Fomento haya todavía dado una respuesta, pese a las reuniones mantenidas con Anesco y la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (representante de los trabajadores).

Y según han manifestado a Valenciaplaza.com fuentes próximas a Anesco, ha llegado el momento de que "Fomento mueva ficha", y han añadido que "parece que habrá movimiento en pocas semanas".

La Corte condenó el sistema portuario español de la estiba (con una vigencia de 50 años) porque las obligaciones que impone la Ley de Puertos a las empresas estibadoras para operar constituyen, según el fallo, una restricción a la libertad de establecimiento.

"EL GOBIERNO NO QUIERE LÍOS... Y BRUSELAS NO PRESIONA"

La postura de Anesco es firme: "Fomento tiene que atenerse a la sentencia. Ya hemos planteado nuestra posición al Ministerio y también han recibido las argumentaciones de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios".

-¿Creéis que el retraso en aplicar la sentencia está relacionado con los tiempos electorales?
-"Oficialmente estamos a la espera. Pero extraoficialmente todos los implicados tenemos la impresión que sí. Que el gobierno central no quiere líos y tiene otras prioridades en estos momentos. Además, Bruselas le está dando cuerda, ya que no le presiona demasiado", han manifestado estas fuentes, para añadir contundentes que la asunción del fallo "no se puede retrasar más. No hay excusas".

A juicio de las empresas de la estiba, el ritmo de trabajo para acercar posturas ha sido "insuficiente"; ya que no se ha mantenido el número de reuniones previstas, "aunque las cosas están claras por las dos partes", han asegurado.

PROPUESTA DE ANESPA A FOMENTO

El documento de propuestas de Anespa al Ministerio de Fomento para adaptar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es público. Sin embargo, estas fuentes han subrayado las tres grandes líneas inexcusables para Fomento, sea cual sea su determinación final: En primer lugar, "hay que cumplir la sentencia. No valen soluciones que no cumplan el fallo europeo". En segundo término, "cualquier solución tiene que respetar el principio de igualdad para todas las empresas. Cualquier empresa actual o futura tiene que cumplir las mismas condiciones". Y, por último, "la administración tiene que asumir el coste social de aplicar la sentencia; el que sea. El actual sistema se aprobó por real decreto, y ahora que cada palo aguante su vela", concluyen estas fuentes.

Según las empresas de la estiba, la situación actual es insostenible y cada día que pasa supone una pérdida de competitividad de los puertos españoles en un mercado cada vez más globalizado. "Hay puertos de Italia, Malta y Portugal, por decir sólo algunos, que se están llevando el tráfico de transbordo de contenedores por una mera cuestión de coste de las operaciones, ya que no podemos competir con sus precios".

En concreto, estas fuentes han señalado como botón de muestra el importante tráfico de TEU's que están perdiendo los puertos españoles frente a un competidor directo como el puerto portugués de Sines, que con su normativa respecto a la española "es supercompetitivo", han subrayado.

POSTURA DE COORDINADORA

Por su parte, la posición del sindicato mayoritario en el sector de la estiba, Coordinadora, se ha hecho pública en distintos comunicados. Apuntan que Fomento podría aceptar su plataforma propuesta como base para dar respuesta a la sentencia.

La propuesta parte de la voluntariedad de las empresas de pertenecer a las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Desde Coordinadora han planteado a Fomento, por un lado, el mantenimiento de dichas Sagep, porque sostienen que el tribunal condenaba a España por las obligaciones que impone la Ley de Puertos, no por las sociedades en sí. Y el segundo punto es la preferencia de contratación de los trabajadores portuarios. Los sindicatos proponen que el Gobierno articule bonificaciones a las empresas que decidan entrar en su accionariado para que sea más atractivo formar parte de ellas, antes que aplicar otras fórmulas.