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La licitación fue muy criticada por Oltra, que aseguró que estaba "cocinada". La adjudicación está hecha, pero no se han firmado por defectos de forma
VALENCIA. 328 millones de euros. Este es el valor del concurso para la prestación de transporte público escolar de la Generalitat valenciana en los próximos cuatro años que llegó a adjudicarse pero que, a menos de una semana de la entrada del nuevo gobierno de PSPV y Compromís, no parece que vaya a consumarse tras haberse retrasado la firma por defectos en la presentación de los avales.
Varias cuestiones hacían polémica esta licitación, que fue duramente contestada por Mónica Oltra, próxima vicepresidenta de la Generalitat, quien llegó a afirmar que estaba "precocinada para amigos de Mª José Català", consellera de Educación. Lógicamente, su intención cuando llegue al Gobierno es anular este concurso y convocarlo con un pliego de condiciones diferente.
El objeto del contrato licitado a finales de noviembre del año pasado era la cobertura de 585 rutas con 944 autobuses, con sus respectivos conductores y acompañantes. Sin embargo, tenía una peculiaridad sobre los realizados anteriormente: Se dividía en solo tres lotes, uno por provincia, un tamaño inalcanzable para la mayoría de las empresas del sector en la Comunitat Valenciana, donde casi todas son pymes, lo que les obligó a presentarse en uniones temporales de empresas (UTE).
El tamaño de los lotes era desproporcionado en relación al habitual en este tipo de concursos -en el anterior, de 2006, fueron 30 lotes-, lo que imposibilitaba la concurrencia efectiva de las pymes, la mayoría. Esto permitió a las grandes, como Transvia en Valencia o Vectalia en Alicante, liderar las ofertas y controlar la entrada de las más pequeñas, a quiénes no les quedaba más remedio que unirse a las más grandes si querían entrar dentro de la adjudicación. De hecho, es la primera vez que se produce una concentración de ruta como esta en España.
Esta macrolicitación dificultaba también la entrada de competidores de provincias limítrofes a las valencianas, que podían optar, por ejemplo, a una zona de la Vega Baja colindante con Murcia, pero no a toda la provincia de Alicante. Esto provocó que finalmente solo se presentara una oferta por provincia sin apenas mejoras de precio para la Generalitat. En Castellón, la bajada fue de cero céntimos; en Valencia, de 0,7, y en Alicante de 0,57, una miseria frente a la última licitación en la que hubo competencia y se bajó entre un 20 y un 30%. 
La propuesta de la mesa fue adjudicar los tres lotes que componían el contrato a tres Uniones Temporales de Empresas diferentes, una con 75 empresarios agrupados, la otra que integra a 47 y la tercera cuyo número se desconoce pero que parece incluir ocho empresas.
Desde Compromís, Mónica Oltra propuso el pasado mes de febrero crear en las Corts una comisión de investigación sobre el contenido de las clausulas administrativas de esta contratación. "Han confeccionado un macrocontrato para el transporte escolar por 328 millones de euros bien precocinado, preparando el terreno para la adjudicación a los únicos que se pueden presentar y con el objetivo de beneficiar a unas empresas muy concretas", apuntó.
El PSPV, ahora socio de Gobierno de Compromís, apoyó la iniciativa para investigar el concurso, pero la propuesta no salió adelante por la oposición del Grupo Popular.
AUMENTO DE LA ANTIGÜEDAD DE LAS FLOTAS
"El precocinado está claro, además de unificar en un lote por provincia, en la licitación del macrocontrato el Consell ha subido el criterio de la edad media de la flota de autobuses, que antes era de cuatro años de antigüedad y ahora es de siete. Porque la media de los autobuses de Transvia, la empresa amiga, es de 6,5", explica Isaura Navarro, encargada de esta área cuando se propuso la comisión. De hecho, que los autobuses sean más nuevos no otorga más puntuación, algo que sería lógico.
Durante el proceso, también se han observado algunas irregularidades, según Navarro. Por ejemplo, fue admitida "indebidamente" la oferta presentada por la 'UTE Valencia 14' para e lote V-3 de Valencia, ya que no se acreditaron debidamente por los empresarios participes determinados requisitos que exige el pliego. Los defectos pasan por la falta de escritura de poder de representación de la empresa a dejar anexos en blanco o sin rellenar.
Eso mismo tenian k hacer en murcia
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