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VALENCIA. El Consejo de Ministros aprobó en febrero la conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Una norma  que nace con la vocación de paliar los efectos de la crisis en las familias y autónomos. Su objetivo:  darles la oportunidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrán satisfacer. Pero, en opinión de los expertos, esta ley llega tarde y se queda a medias.

"La crisis empieza en el 2008 y la ley llega en el 2015,  7 años después, cuando muchas familias y autónomos han perdido ya su patrimonio presente e hipotecado el futuro. Además, argumenta Inma Torres, abogada especializada en derecho bancario,  para acceder a los beneficios que ofrece la ley se han establecido unos requisitos demasiado exigentes". Es una de las principales conclusiones de la charla sobre malas prácticas bancarias que, organizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Silla, Aesi y el despacho de abogados de José Domingo Monforte se ha celebrado en los locales de la Cámara Agraria.

Ana Raga, responsable de  la Oficina de atención al consumidor de Silla,  ha sido la encargada de abrir la conferencia y ha destacado la necesidad de hacer llegar a la población toda la información necesaria para detectar y denunciar posibles abusos de los bancos. En la misma línea, el presidente de la comisión de Industria de Aesi, Pedro Bas ha resaltado que estas charlas ayudan a empresarios y consumidores a conocer sus derechos y defender sus intereses.

CRISIS DE CONFIANZA

En opinión de los expertos, la crisis económica ha cambiado la sensibilidad de los jueces hacia las malas prácticas bancarias: "cláusulas abusivas, intereses desproporcionados, productos tóxicos....siempre han estado castigadas por la ley, pero parecía que los tribunales miraban hacia otro lado" explica José Domingo Monforte. Hoy la crisis y la situación extrema a la que han llegado muchas familias ha hecho que esta realidad cambie y los jueces aplican la ley con contundencia ante los abusos de los bancos".

Se rompen así las barreras que tradicionalmente los jueces interponían para establecer un cinturón de seguridad bancaria. También el consumidor ha aprendido la lección y revisa y cuestiona los contratos que firma con el banco. La crisis económica ha provocado también una crisis de confianza de los clientes hacia las entidades bancarias que será difícil recuperar concluye José Domingo Monforte.

UNA TESIS NOVEDOSA SOBRE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

En la conferencia, la opinión de los jueces ha estado representada por el Magistrado Juez de Primera Instancia del juzgado de Picassent, Jorge de la Rua, que ha defendido una tesis novedosa sobre las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas que, en su opinión, pueden considerarse en muchos casos "abusivas".

Explica el magistrado que la mencionada cláusula, en caso de impago de 3 o más cuota, permite al banco rescindir el contrato, obligar al acreedor a pagar la totalidad de la deuda y, en caso de no conseguir el pago, subastar la vivienda. Muchas veces con el precio de subasta no se rescinde la totalidad de la deuda que se mantiene sobre la espalda del acreedor.

En  opinión de Jorge de la Rua, en el momento de la firma del contrato el banco mantiene una posición de superioridad sobre el consumidor, ya que es el que fija las condiciones. Además existe un desequilibrio entre los derechos y obligaciones adquiridas por las dos partes. Factores que contradicen los principios legales establecidos por el Tribunal Europeo.

De la Rua explica que esta tesis, todavía es minoritaria, pero confía en que se aúne el criterio de los jueces y la jurisprudencia sobre esta materia.

CLÁUSULAS ABUSIVAS

En la charla, han participado también 3 abogados socios profesionales del despacho de José Domingo Monforte: Daniel Sala, ha explicado qué son las cláusulas abusivas y las alternativas legales para pedir su nulidad ante los tribunales.  

En múltiples sentencias los jueces se han pronunciado sobre el carácter abusivo de determinadas cláusulas bancarias. En el momento que existe ese pronunciamiento, la cláusula es nula y debe dejar de aplicarse, explica el letrado.

Un ejemplo claro son las cláusula suelo de las hipotecas declaradas ilegales por los tribunales en diversas sentencias. Sin embargo, añade Daniel Sala, "algunos bancos han hecho oídos sordos y las siguen aplicando porque les sale más rentable ya que, son todavía pocos, los que denuncian el tema en los tribunales".

"Tenemos mecanismos legales para defendernos y los jueces son ahora muy sensibles a condenar los abusos de los bancos. Es un momento dulce para el consumidor que debe perder el miedo a un pleito que tiene prácticamente ganado", concluye Daniel Sala.

FONDOS BUITRE

Vicente Soler ha expuesto los mecanismos de defensa que tiene el consumidor ante la cesión de su deuda a un Fondo de Inversión, los denominados "Fondos Buitre". Explica el abogado que las entidades bancarias están legitimadas para ceder sus  créditos a fondos de inversión. Lo pueden hacer sin el consentimiento e incluso sin el conocimiento del deudor.

Pero, normalmente, y por una cuestión puramente práctica, el banco informa al consumidor de la transferencia de su deuda. Es en ese momento cuando la ley nos ofrece armas para defender nuestros derechos. Un paso necesario sería manifestar nuestra oposición a esa venta del crédito.

Además, en el caso de tratarse de un crédito litigioso, el deudor tiene derecho, a rescindir la deuda con la misma cantidad que paga el fondo de inversión al banco, una operación claramente ventajosa porque reduce sustancialmente el montante a pagar.

"También el derecho procesal e incluso la ley de Protección de Datos ofrecen mecanismos para la defensa del consumidor que argumenta Vicente Soler, puede evitar con la ley en la mano que su crédito caiga en las manos de Fondos Buitre.

¿SEGUNDA OPORTUNIDAD O OPORTUNIDAD PERDIDA?

Inma Torres, abogada especializada en derecho bancario, ha sido la encargada de explicar los beneficios y limitaciones de la ley de segunda oportunidad. Una norma, aprobada el pasado mes de febrero, que permite liberarse de sus deudas a las personas físicas tras un concurso pero que, en palabras de la letrada, llega tarde para muchas familias que han perdido su casa en una crisis que castiga a los ciudadanos desde el 2008.

Además esta ley prosigue Inma Torres "se ha quedado a medias porque afecta al crédito privado pero no al del sector público. Y establece requisitos muy exigentes para acceder a sus beneficios".