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MADRID (EFE/VP). El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas descarta llevar al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, puesto que considera que no hay tiempo para cambiarlo antes del final de la Legislatura.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la primera reunión con los nuevos consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas tras las elecciones del 24 de mayo se celebrará a finales de julio, como es habitual, pero el modelo de financiación no entrará en el orden del día.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, planteó antes de las elecciones autonómicas que el Ejecutivo abordaría la reforma del modelo de financiación tras la cita con las urnas, pero el Ejecutivo asume que no hay tiempo para llevarla a cabo antes del final de legislatura.
Al Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio el Gobierno se presentará con el techo de gasto aprobado, según las fuentes consultadas, que han indicado que los trabajos van a buen ritmo y permitirán tenerlo antes de final del mes de junio.
También está previsto que en esa reunión con las comunidades autónomas se analice el funcionamiento de los mecanismos de liquidez y de las medidas adoptadas por cada territorio para corregir la desviación del objetivo de déficit público en la que la mayor parte de ellos incurrió en 2014.
La necesidad de controlar y equilibrar las cuentas públicas será uno de los mensajes que subraye el Gobierno ante los consejeros y ante los responsables de los ayuntamientos, a quienes reunirá en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) un día antes.
Las fuentes consultadas han explicado que el Ministerio de Hacienda emplazará a los nuevos gobiernos locales a perseverar en la senda del equilibrio presupuestario que han seguido con éxito en los últimos tres años los ayuntamientos, cuya contribución se considera fundamental para ayudar a compensar las desviaciones de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo no se plantea la necesidad de alertar contra los incumplimientos de la ley que han planteado algunos de los nuevos alcaldes, pues da por hecho que cualquier gobernante, sea el que sea, debe respetar la ley.
No obstante, si se plantease el debate, el Ministerio advertirá a los nuevos representantes municipales de que incumplir las leyes conduce a la inhabilitación.
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