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VALENCIA (EP). El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso Emarsa, ha pedido la extradición del empresario fugado, Jorge Ignacio Roca Samper, quien desapareció de España tras destaparse el fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo y fue detenido la pasada semana en Moldavia. Así mismo, reclama su ingreso en prisión.

Así consta en varias resoluciones dictadas por la titular de este juzgado, encargado de investigar un agujero millonario -cifrado en 23.766.765,50 euros- en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

Roca, presunto cerebro de la trama de empresas creadas para desviar fondos de Emarsa, estaba siendo buscado por este juzgado valenciano, que ya había fijado juicio por la causa principal, con 25 acusados, para primeros de noviembre. Sin embargo, la aparición sorpresiva de Roca podría dar un giro a los últimos acontecimientos judiciales y retrasar la vista.

Roca figuraba como administrador de empresas dedicadas a la gestión de lodos que supuestamente fueron interpuestas en la cadena de facturación entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos, hasta el punto de que Emarsa abonó una cifra que supera en más de 10 millones de euros lo que costaba realmente el servicio. En concreto, el empresario era el administrador de Etwas Eigentlich; Erwinin; Zonday Investments; Agrolemos YN; Samperini y Printergreen.

Tras su arresto en Moldavia, la jueza ha propuesto al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que solicite la extradición de Roca a las correspondientes autoridades de la República de Moldavia. Así mismo, acuerda su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, a los solos efectos de su extradición a España, para su puesta a disposición de este juzgado y declare como imputado.

En relación con la prisión, la jueza se remite a lo solicitado por la fiscal y señala que esta medida cautelar es para asegurar su presencia en el proceso, "en cuanto que se infiere de su trayectoria personal y profesional un claro riesgo de fuga".

Al respecto, ha recordado que Roca abandonó España en el año 2008, y se estableció en Francia, país en el que residió junto a su mujer y su hija hasta septiembre de 2010. En este destino llevó a cabo una actividad empresarial por la que se encuentra investigado por el Tribunal de Gran Instancia de Burdeos, como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Durante ese mismo periodo de tiempo, entre 2008 y 2010, constituyó una empresa en Malta y adquirió otra mercantil de nacionalidad panameña en el Principado de Andorra. En este último país también se encuentra investigado por otro delito de blanqueo.

Tras su desaparición en septiembre de 2010, se ha tenido constancia de su posible paradero a través de los movimientos de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre o al de sus empresas al detectarse salidas de fondos, entre otros países, a Rumanía, China y Bulgaria. Por otro lado, en septiembre de 2012 su pareja sentimental, María Águila Aladren, en compañía de sus hijos menores, regresó a España procedente de Rumanía, para ponerse a disposición del juez.

"NO FUE CAPAZ DE VENIR"

En el momento en que el juzgado acordó la prisión para Aladren, Roca se mantuvo oculto en el extranjero "y no fue capaz de venir a España a dar una explicación sobre su participación en los hechos, no importándole que su mujer estuviera ingresada en prisión durante más de un año, pese a tener dos niños de corta edad que quedaron a cargo de familiares".

Con estos antecedentes, señala la jueza, es "evidente" la capacidad del empresario para moverse en el extranjero "porque a lo largo de estos años ha constituido o adquirido sociedades en distintos países, donde tiene abiertas cuentas, principalmente en paraísos fiscales como Malta y Andorra, que le han permitido sustraerse de la acción de la justicia española durante más de cinco años".

A ello se añade el hecho de que Roca ha sido detenido en Moldavia con documentación falsas, utilizando un pasaporte moldavo a nombre de Botnari Gheorghii Alexandr. En síntesis, la magistrada insiste en que "ante la falta de arraigo del detenido en territorio español, se considera necesaria la medida cautelar de prisión provisional".