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VALENCIA. Fernando De Rosa nunca ha ocultado que fue él quien le entregó las llaves de la sede del Partido Popular (PP) de Valencia a un jovencísimo Francisco Camps en el edificio de la calle Barón de Cárcer, donde vivía con su familia, circunstancia que se le recuerda para poner en duda su imparcialidad en juicios que afectan a cargos o ex altos cargos del PP. El que fuera conseller de Justicia de la Generalitat y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, magistrado en ejercicio desde que dejó este último cargo, afirma que no puede presidir el juicio de Emarsa contra siete miembros del PP porque, al ser nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 26 de mayo, ya no tiene tanta "disponibilidad".

De esta forma, se cierra el capítulo de la recusación del magistrado, que iba a presidir el juicio por la trama de corrupción que presuntamente hizo desaparecer 27 millones de euros de las arcas públicas a través de la empresa Emarsa, y en la que se juzgará a 29 acusados, siete de ellos miembros del PP.

Al menos esta es la razón esgrimida en el Expediente Gubernativo 1/2015 que se abrió tras su recusación por parte de la acusación popular en el caso Emarsa, ejercida por el PSPV-PSOE, cuando fue nombrado como ponente para presidir el tribunal que juzgará a 29 acusados de apropiarse de más de 27 millones de euros a través de la entidad pública que gestionaba los lodos del área metropolitana de Valencia. Entre los acusados, que tienen señalado el juicio para el 2 de noviembre, está el ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, y otros seis miembros del PP, partido con el que Fernando de Rosa ostentó la Conselleria de Justicia.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió este expediente para dirimir la recusación planteada por el denunciante del caso Emarsa, el socialista Ramón Marí, alcalde de Albal, cuando se hizo público que la presidencia del tribunal del caso Emarsa había recaído en De Rosa, según las normas de reparto. Marí apeló a la falta de neutralidad que podía tener el juzgador al enfrentarse en el banquillo con siete miembros del partido con el que gobernó, ya que, "para la opinión pública, el caso Emarsa es una trama de corrupción del PP", decía en su escrito.

No obstante, el expediente gubernativo no hace referencia a la recusación planteada y, simplemente, se limita a decir que, "se produce una alteración por petición del presidente porque considera que la disponibilidad en este momento no puede ser la misma", según fuentes del TSJCV.