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VALENCIA (X. A./EP). El acuerdo programático suscrito este jueves por Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel, se articula en torno a cinco grandes líneas: rescate ciudadano; regeneración democrática y lucha contra la corrupción; gobernar para las personas; nuevo modelo productivo y financiación justa y auditoría ciudadana.
Algunas de las medidas más novedosas se encuentran en el apartado 2. Una de ellas, es el endurecimiento de la posición del futuro Consell con el objetivo de terminar con las llamadas 'puertas giratorias'. Así, según refleja el documento, se prohibirá "durante un periodo de 5 años -la ley actual marca dos- desde la separación del cargo público, la participación en consejos de administración o puestos directivos en empresas privadas con las que se haya tenido relación económica o administrativa (el alto cargo o su departamento) así como la participación en el capital".
En el documento, también queda reflejado el compromiso de impulsar una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales en la Administración, los partidos políticos y las empresas.
Por otro lado, el llamado 'Acuerdo del Botánico' pone negro sobre blanco la priorización del gasto en el sistema público de sanidad y educación y servicios sociales "por encima de cualquier otra partida" y así como la intención de negociar con los acreedores un "plan de reestructuración de la deuda que impida que los vencimientos limiten la aplicación de estas prioridades".
EVITAR DESAHUCIOS Y APLICAR LEY DE DEPENDENCIA
Entre otras medidas, se comprometen a "evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda", asegurar que todas las familias "puedan acceder a un consumo mínimo" de luz, agua y gas, extender plazas y becas de comedores no restringidos al calendario escolar, garantizar que los alumnos dispongan de libros adecuados y no condicionar las becas escolares a estar libre de deudas con Hacienda o Seguridad Social.
El documento prevé asimismo la "aplicación efectiva" de la Ley de la Dependencia, con dotación de los recursos necesarios y "resolución inmediata" de los casos pendientes, y que acabar con la violencia machista contra las mujeres "debe ser un objetivo transversal".
En materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, apuestan por unas instituciones "inclusivas, transparentes, austeras y eficaces que estén al servicio de los ciudadanos, no de las élites", y en las que la sociedad civil tenga "un papel protagonista".
También se comprometen a aprobar una nueva Ley Valenciana de Transparencia, Información y Participación que "garantice la buena gestión de lo público y la participación de la sociedad civil", así como a garantizar la participación ciudadana y a reformar la Ley Electoral Valenciana para "hacerla más representativa y proporcional".
OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
Además, crearán una Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, independiente, con autonomía presupuestaria y que rendirá cuentas, información y responsabilidad directamente a las Corts, y adoptarán medidas para evitar las puertas giratorias.
En materia de contratación de empresas y servicios públicos, prevé la "reducción drástica de la discrecionalidad e incrementar los mecanismos de control y transparencia", así como impedir "contratar con empresas condenadas y dificultar la contratación con empresas y personas imputadas en casos de corrupción", entre otras medidas.
El acuerdo recoge asimismo la "reducción de los gastos superfluos", en cuestiones como altos cargos o coches oficiales, la reordenación de la administración, con "integración y coordinación de las funciones de las diputaciones en la Generalitat" y refuerzo de los ayuntamientos para "acercar la gestión a los ciudadanos y optimizar el uso de recursos".
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Dentro del eje de "gobernar para las personas", prevén "una política de desmercantilización" y recuperación del sistema sanitario público, con "auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa", y de la atención sanitaria para todos los colectivos que la han perdido con el Real Decreto 16/2012, y paralizar los recortes en servicios públicos.
Además, incluyen la extensión progresiva de la enseñanza pública de 0 a 3 años, incremento progresivo de la formación profesional, elaboración de una Ley Valenciana de Educación consensuada con la comunidad educativa, reducción progresiva de la ratio en todas las etapas, con más profesores y calendario de eliminación de todos los barracones, y adopción de medidas para "paliar los efectos negativos que tendrá la aplicación de la LOMCE, hasta que se consiga su derogación".
RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS, CULTURA Y VALENCIANO
En el documento elaborado, los candidatos del tripartito también se comprometen a "garantizar el derecho fundamental a la información, mediante una radio y televisión públicas valencianas".
Igualmente, aprobarán una Ley integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género y un Plan autonómico para la igualdad de Trato, contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, poner en marcha un plan de igualdad retributiva y apostar por unas administraciones comprometidas con la cultura valenciana y, especialmente, en el papel del valenciano.
En ese documento, también incluyen el desarrollo de un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, la investigación y el desarrollo innovador y que "debe garantizar trabajos de calidad y salarios dignos", como "requisito para la salida de la crisis y la generación de bienestar a largo plazo", y apuestan por la reindustrialización para recuperar la agricultura valenciana, por un turismo sostenible y de calidad, por un modelo de comercio equilibrado que dé apoyo al comercio de proximidad y por una transición ecológica del modelo productivo, con especial atención a la eficiencia energética.
SISTEMA FINANCIERO, CORREDOR MEDITERRÁNEO Y ESTATUTO
El acuerdo recoge asimismo la "recuperación del sistema financiero valenciano", con medidas como la refundación del Instituto Valenciano de Finanzas en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI y que incentive el modelo de cajas de ahorros no bancarizadas y la creación de cajas y cooperativas de crédito local.
También prevé "garantizar la finalización del Corredor Mediterráneo en los plazos establecidos, presionando al Gobierno central por el cumplimiento de los compromisos adquiridos", y "desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía" respecto a las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana.
Por último, el eje relativo a una "financiación justo y auditoría ciudadana" recoge que quieren "un gobierno que defienda los intereses de los valencianos dentro y fuera" de la Comunitat para evitar ser tratados "como ciudadanos de segunda, ni desde Madrid, ni desde Bruselas".
FINANCIACIÓN Y DEUDA HISTÓRICA
Además, se comprometen a "exigir al Estado, a través de acciones políticas y legales, una financiación adecuada para poder garantizar la prestación de los servicios públicos" y "el reconocimiento de la deuda histórica del Estado".
El documento firmado por PSPV, Compromís y Podemos prevé igualmente una "auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat, de los diferentes departamentos y las entidades dependientes, con publicidad de los informes finales", así como la creación de "una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía".
Por otro lado, tanto Antonio Montiel como Mónica Oltra lamentaron tras la firma del documento que en la composición de la Mesa de Les Corts no haya una representación paritaria, una situación que se emplazaron a "corregir" en el reglamento de la cámara.
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