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VALENCIA. Por cajas se iba llevando la Guardia Civil la documentación de los ayuntamientos de Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, en una operación de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional coordinada con la UCO. Buscaban los contratos con Alejandro de Pedro, "trabajos de reputación en Internet", encargados por estas administraciones públicas a la empresa EICO, vinculado al constructor David Marjaliza, muy próximo al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, arrestado hace unos meses.

Los agentes entraron por la mañana en estos cuatro ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y en otros siete en Madrid con los requerimientos judiciales para que se les facilitase la facturación de estos dos empresarios.

Lo que la Fiscalía Anticorrupción busca, en realidad, es quién ordenó los contratos, es decir, los cargos públicos que tomaron esta decisión. Se trata de la "Operación Púnica II", la de los aforados, ya que en estas pesquisas podrían aparecer cargos electos que participaron en la adjudicación de los contratos, como ya ha sucedido con Salvador Victoria y Lucía Figar, dos consejeros de la Comunidad de Madrid que han dimitido hace una semana tras ser citados como imputados por el juez que dirige la causa, Eloy Velasco.

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