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VALENCIA. Mientras el colectivo de dependientes salía una y otra vez a la calle en contra de los recortes, la conselleria de Bienestar Social llevaba a cabo una curiosa labor social: contratar, en un proceso legal pero dudoso, a un total de 26 personas en un año. Según los datos a los que ha tenido acceso ValenciaPlaza.com, y que fuentes oficiales de la Administración han confirmado, de los 62 trabajadores con que cuenta en ese departamento, el 41% empezó su relación con la entidad a partir de mayo de 2014.

Legalmente, el procedimiento es irreprochable, pero con truco. Desde el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) se alegaba un aumento de la carga de trabajo en el departamento de Dependencia (el antiguo Avapsa, Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales). Luego, al tratarse de una "encomienda" (un contrato para un trabajo concreto) se solicitaban candidatos al Servef (Servicio Valenciano de Empleo), según la propia conselleria.

La duda surge a la hora de saber quién entraba ya que en el proceso de selección de personal se realizaba una entrevista de trabajo y la institución que dirige David Salvador Moliner tiene cierta potestad para elegir a los más idóneos. Entre los 26 agraciados con estos contratos hay 14 que pertenecen al "Grupo A" de la administración (la más alta). Como dato, cabe señalar que en los últimos dos años se han recortado 109,5 millones en gastos sociales lo que supone una inversión por habitante de 57,95 euros (la media española es de 104,49 euros).

QUEJAS DE LA PLATAFORMA

Los datos han sorprendido Carmen Santamaría, la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, quien no duda en asegurar que "la gestión de la consellera Asunción Sánchez Zaplana pasará a la historia como la que más ha maltratado y perjudicado al colectivo". Según Santamaría, "ese aumento en el número de trabajadores no se ha traducido en ningún momento en una mejora del servicio".

Santamaría justificó su opinión con datos. "El 31 de enero de 2012,  había en la Comunitat Valenciana 73.516 personas con derecho reconocido, de las que  29.754 se encontraban en el ‘limbo de la dependencia', es decir, que tenían sus derechos reconocidos pero que todavía no estaban recibiendo ningún tipo de prestación".

Según los últimos datos disponibles, y pese al aumento de personal en Dependencia, los datos a 31 de noviembre de 2014 (los últimos disponibles) "la cifra de beneficiarios descendió a 54.810 personas, de las que 41.994 estarían recibiendo prestación o servicio, y otras 12.816 sin cobrar". En otras palabras, el aumento en el personal del IVAS ha ido paralelo al descenso de personas que percibían ayudas por discapacidad.

MÁS DE 42.000 DEPENDIENTES ESPERANDO

La presidenta de la Plataforma reconoce que la lista de espera ha disminuido pero, matiza, se debe a dos motivos fundamentales: "la expulsión del sistema de los dependientes moderados (grado I) que no ingresarán en el sistema hasta  julio de 2015, y el segundo, por el fallecimiento de todas personas dependientes que murieron esperando ver que se les aplicaban sus derechos".

De este modo, los datos sobre la Dependencia son los siguientes: este año deben incorporarse unos 30.000 beneficiarios (los de grado I) a los que hay que sumar otros 12.816 que deberían beneficiarse por primera vez. Los Presupuestos Generales del Estado (eso no es culpa de la Generalitat) no contemplan un euro adicional y dejan en muy mala situación a la Comunitat Valenciana, cuya deuda ronda los 37.000 millones de euros.

Mientras el IVAS aumentaba su plantilla en dependencia, salió a la luz el informe de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales (diciembre 2014) que reflejaba una dura realidad: la Comunitat está a la cola de toda España en la valoración de los servicios sociales (y solo en un indicador de 14 supera la media estatal). La media estatal de financiación del gasto en servicios sociales es del 27,93% mientras que aquí solo alcanza 12,16%. Además, aquí hay un trabajador social (no los de ‘oficina') por cada 7,916 habitantes (la media nacional es de 2.841).

En noviembre del año pasado, con motivo de la presentación de los presupuestos, Sánchez Zaplana aseguró que este año la partida para dependencia sería de 160,2 millones de euros (un 24% más que el año pasado) lo que elevaría la cifra de beneficiarios a 18.000 personas (11.000 de ellos, entrarían en el sistema por primera vez)

También crece la partida para la aplicación de la dependencia, que se incrementan en un 24%. Según el Consell, con los 160,2 millones que se destinarán par prestaciones, se garantiza la entrada en el sistema de los ya citados 11.000 usuarios que, sumados a los 7.000 de 2014, elevan la cifra a 18.000 atendidos a lo largo de 2015.

DUDAS DE LOS SINDICATOS

El IVAS es un entidad de derecho público que funciona como empresa privada con cargo a los presupuestos de la Generalitat. El funcionamiento de estas instituciones ha desatado mucha polémica. Hace ahora un año, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a Vaersa, (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA) que dejara de suplantar las labores de los funcionarios. Empresas como Avapsa (ahora integrada en el IVAS) o Tragsa (Empresa de Transformación Agraria SA) funcionan de manera muy similar.

Según fuentes sindicales, "estas empresas parecen creadas para que sea personal contratado los que tengan que firmar determinados informes que deberían ser responsabilidad de los funcionarios. Pero estos pueden negarse si ven alguna irregularidad y los primeros, o por agradecimiento a haber sido contratados o miedo a ser despedidos, no les queda más remedio que hacer lo que les ordenen".