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ALICANTE (EFE). El empresario Enrique Ortiz podría haber obtenido unos beneficios de al menos 80 millones de euros por la revalorización de los terrenos que posee en diversos sectores de Alicante o la recalificación de otros en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, al que el Ayuntamiento renunció hace unos meses.
Así se desprende de un informe remitido por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige Manrique Tejada.
Los agentes han entregado en el juzgado una nueva remesa de informes que constatan las supuestas irregularidades cometidas en la redacción del planeamiento urbanístico, por las que están imputados el propio Ortiz y los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre una veintena de implicados.
La Policía reitera en ellos que el constructor dispuso de "información privilegiada" y accedió a planos del futuro PGOU antes de que éste saliese por primera vez a exposición pública en octubre de 2008, gracias a su "influencia" sobre los citados políticos y un contacto directo con el arquitecto Jesús Quesada, contratado por el Consistorio para la confección del plan.
Ese privilegio le permitió supuestamente acaparar grandes cantidades de suelo en sectores que iban a ser recalificados, para ser convertidos en urbanizables, o en zonas que iban a ser catalogadas parque natural, por las que debería ser compensado con mayores aprovechamientos o aumentos de edificabilidad en otros lugares, de acuerdo con la investigación.
"PINGÜES BENEFICIOS"
En uno de los informes, que consta de casi 700 páginas, la UDEF repasa diversas operaciones que reportaron o iban a reportar al empresario investigado "pingües beneficios".
Entre estas operaciones se encuentra la compra de terrenos en la partida de Aguamarga; en el sector Cerámica-La Florida; la recalificación para uso comercial del estadio José Rico Pérez, propiedad de su firma dueña del Hércules, Aligestión Integral SL, y sus terrenos en el sector Condomina-Torres de la Huerta.
Según los documentos de los registros públicos, protocolos de adquisición de parcelas y material informático intervenido durante los registros de los domicilios y empresas de Ortiz, éste llegó a controlar junto con sus socios de la extinta CAM, en su caso a través de una sociedad participada por ésta, Dreamview, un conjunto de fincas situadas en los saladares de Aguamarga que fueron compradas por 8,9 millones y cuya valoración actual es de 22,5.
Por otro lado, una finca ubicada en el sector La Cerámica-La Florida, pasó a revalorizarse 9 millones de euros en apenas seis años, desde el 1,5 millones que costó en 2004 a los 10,5 millones calculados en 2010.
Aunque esta zona no fue calificada como urbanizable en el nuevo PGOU, sí desapareció en ella la superficie de protección especial de clase forestal, lo que según la Policía "mantiene abierta la puerta a una recalificación futura más plausible".
Los investigadores también describen cómo el empresario acaparó suelo entre los años 2004 y 2006 en otro sector, el de La Condomina-Torres de la Huerta, en el que invirtió 70,7 millones de euros cuando era rústico y que pasó a estar valorado en 127,5 millones tras su reclasificación como urbanizable tras la aprobación provisional del futuro planeamiento.
En otros informes también adjuntados al juzgado y a los que ha tenido acceso Efe se deja constancia de que Díaz Alperi cobró cerca de 189.000 euros de cinco empresas a través de una sociedad calificada por los investigadores como "instrumental" y "sin ninguna actividad", Andarx Business SL, por supuestos asesoramientos cuando era diputado autonómico por el PP.
Entre los pagadores figura Salvetti Abogados, un bufete controlado por los letrados Javier Gutiérrez y el hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo, ambos también imputados en la causa.
Este despacho fue contratado por la empresa del arquitecto Jesús Quesada para resolver alegaciones al PGOU, aunque también alegaba al mismo a instancias de particulares.
Según la Policía, Díaz Alperi mantenía con este bufete una "vinculación encubierta e ilícita".
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