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VALENCIA. Avilsa, la empresa de extinción de incendios que está en el centro de la trama que ha acabado con la carrera política del exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, formaba parte de un cartel internacional para repartirse el negocio. Los tentáculos de la organización, según publica este domingo El Mundo, se extendían por ocho comunidades y llegaba incluso a Portugal.

La estrategia era siempre la misma: sobornar a funcionarios públicos -incluyendo a los del Ministerio de Fomento- para que cada una de las firmas acudiera en solitario a los concursos de adjudicación del servicio. De este  modo se garantizaba la obtención del servicio y lo lograba a un precio más bajo.

El diario se remite a la declaración del exgerente de Avialsa, Antonio Alandí, ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, en la que aparecen los nombres de otras empresas como Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o Trabajos Aéreos Espejo, todas ellas pertenecientes a la AECA (Asoción Española de Compañías Aéras).

Las comunidades en las que operaba la presunta trama no distinguían de color político. Había del PP (Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha o Galicia), del PSOE (Baleares) y de CiU (Cataluña). En cada una de ellas operaba una única firma.

El modus operandi, según la investigación que lleva a cabo la Udef, era siempre el mismo. Las empresas sobornaban a funcionarios públicos para que redactaran un concursoa adecuado a sus necesidades e, incluso, llegaban a hacer 'ofertas cebo' -así las llama uno de los mails incautados- para dar una mayor apariencia de legalidad.