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VALENCIA. Ha dado la cara. El presidente de Avialsa, Vicente Huerta, no ha dudado en dar explicaciones públicas sobre su detención el pasado viernes durante la operación coordinada entre la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil. En total, fueron diez la detenciones -incluida la del Delegado de Gobierno, Serafín Castellano-, y diversos registros en Administraciones Públicas, sedes de Consellerias y empresas privadas.

A Vicente Huerta, que ayer tuvo la valentía de convocar una rueda de prensa junto a sus dos abogados, Manuel Sáez y Horst Antonio Hôlderf, sólo le brillaron los ojos y dudó un segundo cuando un periodista le preguntó si su empresa, concesionaria de la Generalitat Valenciana, había financiado al Partido Popular (PP).

Lo negó, así como también negó haber regalado rifles y joyas al exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, destituido tras haber sido detenido el pasado viernres. "No hacían falta regalos, somos la única empresa que se presentaba al concurso público", dijo. Avialsa es una empresa de aviación con cincuenta años de historia que ha contratado con la Generalitat en el Plan de Extinción de Incendios, suministrando el equipo y las avionetas.

QUERELLA POR ESTAFA

"Venganza" fue la palabra utilizada para definir el proceso iniciado por el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción. Huerta y su abogado Manuel Sáez explicaron que su ex gerente, Francisco Alandí, acudió hace meses a la Fiscalía aportando facturas y documentación en revancha por la querella que le interpuso Avialsa en los juzgados por estafa y apropiación indebida.

Huerta explicó que Alandí fue su hombre de confianza durante 18 años y que, al pedir una auditoría externa y descubrirse extraños pagos y facturas, el ex gerente abandonó la empresa. Las diligencias contra Alandí siguen en el juzgado número 2 de Sagunto, donde el juez acaba de solicitar a Alandí que deposite medio millón de euros como medida cautelar.

Huerta insistió en que era Alandí el que organizaba las cacerías y compraba los rifles, aunque el dinero salía de Avialsa, que era la que autorizaba los pagos. "Por eso corté lo de las cacerías, porque era un gasto demasiado elevado", explicó Huerta. Por este concepto se llegaron a facturas unos 450.000 euros.

Al parecer, añadió Huerta, Alandí habría estado años recopilando pruebas y fotos, como las de las cacerías, para tener "algo con lo que amenazarme en caso de que yo descubriese que había cogido dinero de la empresa".

SOLO FUE A DOS CACERÍAS

El presidente de Avialsa afirmó que sólo acudió a dos cacerías, porque no es su afición sino la de Alandí, y defendió a Castellano alegando que sabía que éste se había pagado el rifle y el puesto, como el mismo dueño del coto declaró el pasado sábado en el juzgado. También defendió al alcalde de Quartell, Francisco Huguet, detenido también en esta operación y trabajador de Avialsa durante 15 años, quien dijo al salir del juzgado que Castellano había sido "una cabeza de turco" en estas detenciones.

A las preguntas sobre la posible connivencia de la empresa con la Dirección General de Vuelo o al favorecimiento en la proyección del helipuerto de Viver, negó cualquier información por estar las diligencias "declaradas secretas".

Los abogados de Huerta insistieron en que la actuación del fiscal Anticorrupción encargado de esta investigación había sido un "sinsentido, desproporcionada e inútil", y que sólo tuvo la "finalidad de buscar pruebas, sin indicios claros".

Las diligencias siguen abiertas en el juzgado número 1 de Sagunt por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. Mientras, la Audiencia Provincial decidirá si la instrucción se queda en el número 2, que se ha inhibido por conocer de la causa de Alandí, o pasa a otro juzgado.