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VALENCIA (EFE). El propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, ha afirmado hoy que las cacerías en las que participó con el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano no contribuyeron en absoluto a favorecer sus contratos con la Generalitat porque nadie más se presentó a los concursos.

Huerta, que ha negado también haber financiado al PP de forma irregular, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Avialsa en el Parque Tecnológico de Paterna, en la que ha comparecido junto a dos de sus abogados, uno penalista y otro mercantilista.

Según el relato de sus abogados, todos los contratos entre Avialsa y la administración valenciana fueron legales, superaron los filtros pertinentes y "existieron desde 1978, antes y después de Castellano (como conseller de Gobernación)".

Estos letrados han defendido que, en absoluto se pudo obtener una posición de privilegio en los concursos porque ninguna otra firma se presentó a los mismos y "no había necesidad de dádiva".

Huerta ha explicado que Avialsa pagó cacerías que organizaba su exgerente, Fernando Alandí, que participó en "cuatro o cinco", y que en "una o dos" de ellas coincidió con Castellano.

El juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha impuesto a Alandí -el supuesto delator de una trama de comisiones en la que estaría implicado Castellano- una fianza de 500.000 euros como posible responsable de los delitos de estafa y apropiación indebida tras una querella interpuesta por Huerta.

"Se trata de una pura venganza. En cuanto descubrimos que había estado cogiendo dinero de la empresa le dimos la oportunidad de devolverlo, pero nos amenazó. No sabíamos que las armas -que al parecer se compraron con facturas falsificadas por instrucción de Alandí- se cargaban a Avialsa", han explicado los abogados de la empresa.

Según Huerta, Alandí quería "algo con lo que amenazarme en caso de que yo descubriese que había cogido dinero de la empresa, ha ido recopilando información durante años, él organizaba las cacerías, invitaba a Castellano y nos hizo las fotos".

El propietario de Avialsa ha explicado que puso fin a estas cacerías porque suponían un gasto demasiado elevado, aunque a preguntas de los periodistas no ha detallado el importe aproximado que desembolsó en ellas.

Asimismo, ha defendido que, en el momento de denunciar a su exgerente, él desconocía que tras las facturas por prendas deportivas que Alandí cargó a la empresa se ocultase la compra de rifles -alguno de los cuales al parecer fue regalado a Castellano-.

"De haberlo sabido, de haber sido en efecto un regalo, no hubiésemos aportado esas facturas a la causa ni reclamaríamos el importe a Alandí. Sólo él sabía lo que había tras las facturas y por eso reclamó los albaranes a la armería", han indicado los abogados, quienes han afirmado que les consta que Castellano finalmente abonó -no han dicho a quién- tanto el rifle como los puestos en las cacerías.

"De todos modos, la compra del rifle se efectuó en noviembre de 2008, por lo que en caso de demostrarse probado el cohecho, estaría prescrito", han añadido.

Los letrados han considerado que la actuación del fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, fue "un sinsentido, desproporcionada e inútil" y que únicamente tuvo la finalidad de "buscar pruebas, sin unos indicios claros".

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y el fiscal Torres dirigieron el pasado viernes una operación en la que se practicaron nueve detenciones, entre ellas las de Castellano y Huerta, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales.

Este asunto recayó posteriormente en el juzgado número 2 (dado que el 1 estaba en funciones de guardia), pero el juez del 2 se ha inhibido, según ha informado el abogado de Huerta, y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial, para que decida si va de nuevo a reparto, porque ya conoce la querella de Avialsa contra Alandí.