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VALENCIA (EP/VP). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este martes en Valencia que el Ejecutivo está "hablando y analizando posibles candidatos" para sustituir a Serafín Castellano como delegado del Gobierno tras ser cesado el viernes a raíz de su detención en una investigación judicial. Según ha señalado, se busca un perfil que cumpla "el requisito de idoneidad que este Gobierno ha incluido como novedad a la hora de nombrar altos cargos". 

Este nuevo criterio consta de una declaración responsable que deberá firmar el candidato. Se toman en cuenta "criterios de mérito, idoneidad así como honorabilidad".

Sáez de Santamaría, que ha hecho estas declaraciones en Valencia antes de participar en la apertura del II Congreso de Editores de América Latina, Caribe y Europa, se ha referido así a la búsqueda del sustituto de Castellano al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunitat, tras su detención y puesta en libertad con cargos el viernes en una causa abierta por presuntos favores a una empresa, Avialsa, a la que se adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación y con cuyo presidente coincidió en cacerías.

Preguntada por la denuncia de los socialistas de que la detención de Castellano se atrasó hasta después de las elecciones, la vicepresidenta ha asegurado que "una vez se conoció la información, el Gobierno procedió a cesarlo de manera inmediata". "Invito al PSOE a que tome nota y haga lo mismo", ha instado.

Asimismo, interpelada por si en en este caso podría haber una posible financiación ilegal del PPCV, la vicepresidenta ha respondido que el Gobierno "ha adoptado medidas frente a la corrupción como nunca se ha hecho en este país".

De esta manera se ha referido a la Ley de Financiación de Partidos, mediante la cual "no van a ser posibles donaciones de personas jurídicas ni condonaciones de deudas de bancos. Las cuentas son claras y transparentes".

Por otro lado, ha argumentado que ahora "se está juzgado muchos casos que ocurrieron tiempo atrás" y el Gobierno trabaja en esta legislatura para que "en adelante no se vuelvan a producir".

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