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Diez detenidos en una operación de la Udef que se salda con imputaciones por malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo

VALENCIA. Decía el primer ministro británico Winston Churchill que "la democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta de la calle a la seis de la mañana, se sabe que es el lechero". Se equivocaba por poco. Este viernes, sobre las 7 de las mañana sonó el timbre del domicilio del todavía delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano, y no era el lechero precisamente. Así, el ahora exdelegado del Gobierno se acostó con autoridad para dar órdenes a la polícía y se despertó recibiendo órdenes de los que un día antes eran sus subordinados

Doce horas más tarde -en mangas de camisa, sin gafas y tapándose la esposas con la chaqueta- el ya ex secretaro general de los populares valencianos entraba en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto. Entre el vehículo, en el que viajaban también tres agentes, y la sede judicial apenas había unos metros, los suficientes para escuchar como le increpaba un grupo de personas que le estaba esperando en un bar situado a pocos metros.

Dentro, apenas estuvo 45 minutos; ante la juez, cerca 30 minutos. Los suficientes para los trámites legales y negarse a declarar. Al final, quedó en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial siempre que se requerido. Además, se le retiró el pasaporte y se le comunicó la prohibición de salir del territorio nacional. A la salida le esperaba en un vehículo la secretaria autonómica de Gobernación Asunción Quinzá.

El ex conseller de Gobernación era el quinto de los siete detenidos (de un total de diez) que, este viernes, hicieron ese mismo recorrido. La lista incluye, entre otros, al propietario de la firma Avialsa Vicente Huerta (al que presuntamente benefició Castellano), al alcalde en funciones de Quartell y delegado de la firma en Valencia Francisco Huguet, y al ex concejal de la localidad y trabajador de la citada empresa Emilio Máñez.

Todos salieron en libertad provisional y con las mismas obligaciones que Castellano. Los delitos imputados incluyen malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo. Además, tanto Castellano como Huguet fueron suspendidos cautelarmente de militancia en el PP y se les ha abierto un expediente informativo.

EL PROTEGIDO DE FABRA

La detención de Castellano supone el golpe definitivo para el PP de Alberto Fabra, que siempre había argumentado que todos los casos de corrupción que han salpicado al partido en los últimos tiempos eran 'la herencia recibida'. Sin embargo, la decisión de mantenerle en el Consell fue suya, como también la de coronarle secretario general de los populares en 2012 -contra la opinión de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y los barones provinciales- y la de buscarle acomodo en la delegación del Gobierno cuando desde Génova pedían cambios por el fiasco de las elecciones europeas (que él había coordinado).

Es más, salió en su defensa cuando saltó a la luz el llamado Caso Taronger (una querella por presunto trato de favor a una empresa que, finalmente, fue archivada). En aquella ocasión defendió la "capacidad, honestidad y honorabilidad" de quien ocupaba la conselleria de Gobernación.

Castellano, por su parte, siempre le ha agradecido el apoyo con su fidelidad. El pasado 14 de marzo de 2014, en un encuentro del Forum Europa, se mostró como un entusiasta defensor de la llamada ‘línea roja' del Presidente de la Generalitat contra la corrupción tan cuestionada por otros correligionarios . "Ya me gustaría a mi", aseguró, "que otras formaciones tuvieran el coraje y la valentía que está teniendo el presidente Fabra para perseguir la corrupción (...). Yo creo que hace falta esa determinación que ha demostrado el presidente Fabra para combatir ese cáncer que es la corrupción".

SERAFÍN CASTELLANO MADRUGÓ

La jornada empezó pronto, sobre las 7 de la mañana, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal (Udef) de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Hispaniolus se personó en la casa de Serafín Castellano en Benisanó. Las agentes permanecieron en el domicilio hasta las dos de la tarde. Según fuentes a las que tuvo acceso la Cadena SER, el político había sido advertido la noche anterior por el Gobierno de que iba a ser destituido en el cargo.

El anuncio oficial de esta decisión se produjo, horas después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sánchez de Santamaría. Según su versión, el paso se dio "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial", pero no precisó el momento exacto. Su sucesor es el hasta este viernes subdelegado del Gobierno Juan Carlos Valderrama.

Se da la circunstancia de que, a principios de este mes de mayo, el diputado socialista Antonio Hernando, había solicitado al Gobierno información sobre el Caso Avialsa. La respuesta fue que "Es rotundamente falso que [Castellano] que haya recibido cantidad alguna de la empresa mencionada, ni directa ni indirectamente". Por lo visto, la Fiscalía Anticorrupción no piensa igual.

 DESTRUCCIÓN (O NO) DE DOCUMENTOS

También fueron objeto de registros la delegación del Gobierno, las consellerías de Sanidad, la de Infraestructuras y la de Gobernación, y la sede de Avialsa (sita en el Parque Tecnológico de Paterna), que se prolongó hasta última hora de la tarde.

Momentos antes de que se iniciara el registro en la consellería de Gobernación, sobre las 8.30 h, fueron vistos varios trabajadores sacando cajas llenas de documentos por una puerta trasera y cargándolos en una furgoneta blanca de gran tamaño sin ningún distintivo oficial.

La institución emitió un nota asegurando que se trataba de una "práctica ordinaria" y que los documentos habían sido trasladados al archivo general de la Administración. Además, según estas fuentes, los papeles no tenían ninguna relación con el caso y no han sido destruidos.

EL CASO ‘AVIALSA'

La investigación se enmarca dentro del llamado Caso Avialsa, un presunta trama de adjudicación de contratos a esta firma dedicada a la extinción de incendios entre los años 2008 y 2011, siendo Castellano conseller de Gobernación. En total, la empresa de Huerta consiguió cerca de 33 millones de euros. El político recibió del empresario varios regalos -entre ellos, una escopeta de caza valorada en 1.800 euros- y cultivaron juntos su pasión por la actividad cinegética en varias cacerías de patos y perdices. Los obsequios también incluyen joyas, jamones cinco jotas e incluso dinero en efectivo.

A lo largo del día de este sábado, a partir de las 9 h, está prevista la declaración de tres de los detenidos, que han pasado la noche en el calabozo a la espera de comparecer ante la titular del juzgado y el fiscal anticorrupción de Valencia. Entre ellos está el director de Avialsa.