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VALENCIA. La Diputación Provincial de Valencia, de quien depende la empresa pública Imelsa, se ha opuesto ante el juez a que éste dé traslado de la documentación aportada por el exgerente de la empresa Marcos Benavent a la Fiscalía Anticorrupción. Benavent había entregado hace unos días parte del material objeto de la querella interpuesta por Imelsa, como los archivadores con la facturación y la documentación en soporte informático, es decir, los discos duros de los ordenadores.
El juzgado de instrucción número 6 de Valencia abrió diligencias contra Marcos Benavent tras la querella interpuesta por Imelsa acusándole de diversas irregularidades contables y de haberse llevado material propio de esta empresa pública. Entre este material, figura el soporte informático de varios ordenadores, varias cajas con archivos llenos de facturas, unos 50.000 euros que no cuadran en caja y hasta unos humidificadores de ozono.
El exgerente de Imelsa, que se desapareció con este material en diciembre de 2014, tras su cese en la empresa, lo ha entregado en su mayor parte al juzgado, como adelantó Valenciaplaza.com, con la salvedad de que se le haga llegar al fiscal de Anticorrupción que investiga paralelamente una denuncia interpuesta por la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.
En esta denuncia, se entregaron diez horas de grabaciones en las que, supuestamente, se oye cómo el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la asesora y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón se reparten comisiones productos de adjudicaciones públicas a empresas.
La Diputación de Valencia, denunciante en la causa contra su ex gerente, explica al juez que se opone a que se le entregue a Anticorrupción la documentación mientras no se acumulen ambas causas o se haga cargo del proceso.
NO ESTÁ TODA LA DOCUMENTACIÓN
De otro lado, Imelsa también ha especificado ante el juez que no está todo el material denunciado como desaparecido. En concreto, no se han devuelto los aparatos de ozono que dicen faltar de las oficinas y, de otro lado, denuncia la desaparición de más archivadores con documentación.
Respecto al soporte informático, ninguna de las partes, ni siquiera el juzgado, ha podido acceder a su contenido ya que se encuentra encriptado. Haría falta que el juzgado comprara un aparato externo con el que pasar la información, decodificarla y volverla a pasar a un ordenador, esta vez legible.
En estos discos se encuentra el nudo de la trama de corrupción de Imelsa que la Fiscalía Anticorrupción investiga en sus diligencias y que están siendo publicadas mediante grabaciones en varios medios de comunicación.
Este entramado de adjudicaciones públicas puede salpicar a políticos y ayuntamientos de distintos colores, a patronal y sindicatos, a todo tipo de empresas y organismos públicos y privados que durante 20 años han trabajado al servicio de la Administración Local en la provincia de Valencia.
De momento, y a la espera de que la Generalitat valenciana compre el decodificador, Marcos Benavent sigue escondido hasta que declare el próximo día 26 en el juzgado, en un intento por salvaguardar su testimonio y su persona.
Uy, si tiene que comprar el decodificador la Generalitat Valenciana vamos listos.
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