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VALENCIA. La reanudación del juicio de la pieza 3 (Fitur) del caso Gürtel, prevista para el 11 de junio, está de nuevo en el aire después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, haya rechazado de plano la petición de los abogados defensores de varios encausados de tener acceso a diversa documentación de la parte del caso Gürtel que se instruye en Madrid.
El acceso a esa documentación "para proteger el derecho de defensa" de los acusados fue el principal motivo que esgrimió la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para suspender por segunda vez el juicio el pasado 1 de abril, al día siguiente de iniciarse.
Varios abogados defensores pidieron y obtuvieron la suspensión porque había cierta documentación del caso Gürtel que había estado a disposición de la Udef (Policía) y de la Fiscalía, pero no de algunas de las defensas, en concreto, las de aquellos acusados que sólo estaban encausados en Valencia y no en Madrid. Estos papeles se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, al que las defensas que no están personadas en ese procedimiento no han tenido acceso.
En un auto fechado el 11 de mayo, el magistrado De la Mata, con el respaldo del Ministerio Fiscal, rechaza la pretensión de los letrados de Jorge Guarro y Cándido Herrero, que, de acuerdo con una resolución del TSJCV, pidieron tener acceso a esos documentos. El abogado de Guarro pidió personarse en la causa y tener acceso a la totalidad de las actuaciones, y el de Herrero, copia testimoniada de toda la documentación intervenida en varios registros.
El magistrado considera que los solicitantes no han acreditado un interés legítimo, aunque, vista la resolución del TSJCV, abre la puerta a que sea el tribunal que preside Pilar de la Oliva el que pida a la Audiencia Nacional las claves del portal web Alfresco, donde está disponible la ingente documentación, que supera los 3.000 folios, según diversas fuentes. Para De la Mata, el TSJCV es el que tiene que decidir qué documentos admite en el juicio oral y a qué partes personadas en el juicio se entregan.
UN ABOGADO PIDE OTRA VEZ LA SUSPENSIÓN
En cualquier caso, aunque las partes pudieran tener acceso en los próximos días, el tiempo disponible para preparar la defensa sería menos de un mes. Manuel Barrios, abogado de Jorge Guarro -exjefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de turismo-, ya ha solicitado al TSJCV la suspensión del juicio previsto para el 11 de junio. "He pedido la suspensión porque el derecho de defensa sigue sin garantizarse", explicó este miércoles a Valencia Plaza.
Como señala este letrado, el propio tribunal reconoció en su resolución de suspensión del juicio que lo hacía para garantizar el derecho de defensa, lo que equivale a decir que la vista no puede reanudarse mientras no esté resuelto el acceso a los documentos con un tiempo razonable para estudiarlos.
Barrios también ha presentado recurso de reforma ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque no tiene muchas esperanzas de que prospere, porque en el fondo ve razonable su negativa y que el acceso sea a través del TSJCV. "Yo lo pedí y me dijeron que no", recuerda.
UN PROBLEMA AÑADIDO
Por si esto fuera poco, otro de los problemas que motivaron el aplazamiento del juicio ha dado un vuelco esta semana, ya que el Colegio de Abogados de Valencia ha denegado el derecho a un abogado de oficio a la acusada Mónica Magariños, exempleada de empresas del grupo Correa. La abogada designada, Cristina Boix, había pedido la suspensión porque sólo había transcurrido un mes desde su nombramiento y no había tenido tiempo de preparar un sumario que tiene más de 11.000 folios.
La solución a este problema puede ser que Magariños pague a esta abogada o bien que designe un nuevo letrado defensor, lo que en el segundo caso significaría que el TSJCV tendría que volver a aplazar la vista para que el abogado tuviese tiempo de estudiar el sumario. Cristina Boix también recurrió su designación al entender que, en todo caso, esta defensa correspondería a letrados inscritos en el turno de oficio grave.
El juicio se suspendió por primera vez, antes de iniciarse, el 31 de marzo de 2014, cuando dimitió como diputada autonómica Milagrosa Martínez (también alcaldesa de Novelda) unos días antes del comienzo. La causa se quedó sin aforados y se planteó una cuestión de competencia. El Tribunal Supremo dictaminó que el tribunal competente para juzgar esta pieza era el TSJCV, puesto que en el momento en que la pieza se había quedado sin personas aforadas ya se había dictado la apertura de juicio oral.
De esta forma, el tribunal valenciano se puso manos a la obra y señaló el 31 de marzo de este año para comenzar con la vista. Había previsto 37 sesiones, acabar el 8 de octubre, y que los acusados comenzaran a declarar el 10 de abril.
Así mismo, una de las letradas, que representa a la exempleada de empresas de la trama, Mónica Magariños, también solicitó la suspensión puesto que llevaba en la causa apenas un mes, cuando se le designó este caso por turno de oficio.
Esto no va acabar nunca....
Nos toman el pelo. Y encima el caso blasco por resolver todavía.
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