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VALENCIA (EP). Fiscalía solicita 20 años y 9 meses de prisión para ex secretario general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Vicente Sanz por los presuntos delitos continuados de abuso y acoso hacia tres exempleadas del ente, ya extinguido, según consta en su escrito de calificación, en el que también reclama una indemnización de 245.000 euros, según ha podido saber Europa Press.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia decidió el pasado mes de abril abrir juicio oral a Sanz por presunto abuso sexual en el trabajo, confirmando de esta forma el auto de conclusión de la causa, dictado por el juzgado instructor.

La causa saltó a la luz en febrero de 2010, cuando tres trabajadoras de RTVV denunciaron en los juzgados de Paterna a Sanz, exnúmero dos de RTVV, y relataron vejaciones sexuales, amenazas y miedo.

Describían encuentros, a petición de Sanz, en el despacho de éste y otros en su apartamento en Canet (Valencia), en los que supuestamente se les pedían favores sexuales.

PERIODISTAS

Algo más de un año después, en julio de 2011, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna procesó a Sanz por un delito sexual en el trabajo hacia estas tres trabajadoras al considerar que había indicios de que el acusado -destituido de su cargo público en mayo de 2010 tras las denuncias- se prevalió de su puesto para solicitar entre los años 2007 y 2010 favores de naturaleza sexual a estas tres periodistas. Con ello, el juez estimaba que se había creado en estas personas una situación "gravemente intimidatoria y humillante".

El juez le imputó a Sanz un delito de abuso sexual de los artículos 181.3 y 181.4 del Código Penal, a los que corresponde una pena de hasta 10 años de prisión. El magistrado consideraba que existen en la actuación del procesado indicios racionales de criminalidad en calidad de autor, conclusión a la que llegó por las declaraciones de las víctimas y de los testigos.

Sanz ocupaba un cargo en RTVV desde 1995; fue presidente del PP en Valencia entre 1993 y 1994, presidencia que dejó tras divulgarse una grabación en la que decía que estaba en política para "forrarse", que le fue grabada a propósito de la adjudicación supuestamente irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm (Alicante) a una empresa.