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VALENCIA (EFE/VP). José Luis Rubio, hijo del empresario del mismo nombre y procesado en el juicio por el supuesto fraude de 4,4 millones de euros mediante facturas falsas en la construcción de Terra Mítica, ha asegurado hoy que su padre le instó a hacerse autónomo y que se falsificaron facturas a su nombre.

En su declaración en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia de Valencia, el hijo del dueño de las mercantiles Gribal y Desarrollo Gran Via, para el que el Ministerio Público solicita una pena de 12 años y 8 meses de prisión, ha declarado que éstas facturas sirvieron para justificar a empresas que contrataron a personal de forma irregular.

Según ha asegurado, su padre le pidió que se hiciera autónomo para que fuera "espabilando y ser jefe en un futuro", por lo que lo hizo con la condición de seguir "cobrando lo mismo y el mismo día", y que cuando empezaron a facturar a su nombre su padre le dijo que "como tenía mucho trabajo necesitaba justificar gastos con estas facturas", pero que él no se ocupaba de las mismas ni emitió ninguna.

Rubio ha señalado que "nadie le notificó" las facturas por las que está procesado en esta causa, y que se enteró de las mismas cuando recibió la citación judicial sobre su imputación.

Este hecho, ha explicado, desencadenó una discusión con su padre e incluso que rompieran la relación y "dejaran de hablarse".

También ha reconocido que él se encargaba de realizar el cobro de pagarés o cheques, tanto de la empresa de su padre, que compartía despacho con otro de los principales acusados, Antonio Moreno, y que el dinero "era para pagar a los trabajadores y el material de oficina y de obra", y que él "nunca cobró ninguna comisión".

Rubio Juárez ha manifestado asimismo que en la empresa de su padre trabajaba "mucha gente sin papeles", y que "venían negritos, que trabajaban noche y día".

En la sesión de hoy han declarado varios empresarios a quienes también se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por supuesta falsificación de facturas, entre ellos el gestor Antonio Latorre, a quien la Fiscalía pide 12 años y 12 meses de prisión, que figuraba como administrador de las empresas Gamaparc y Waldron, y quien ha asegurado que solo se ocupa de "contratar las bajas y altas" laborales.

Latorre se ha desvinculado de la contratación y ejecución de las obras, que ha asegurado llevaban Rubio y Moreno, y que "salvo del tema de incidencias profesionales no tenía conocimiento ni decisión alguna" en las empresas, aunque ha reconocido que estas mercantiles tenían "no uno" sino "cientos" de trabajadores ilegales.

Otro de los acusados que ha declarado hoy ha sido el empresario Francisco Javier Ribes, para el que la Fiscalía pide ocho años y cuatro meses de prisión, quien ha asegurado que hizo trabajos "sin contrato" para otro de los principales imputados en el caso ya fallecido, Francisco Escoto, pero que "siempre facturó".

También han declarado hoy Antonio Alós, a quien se le piden 14 años y 8 meses de prisión, quien ha sostenido que no tiene relación alguna con la empresa Eurogroup Ailyng, con la que solo realizó un trabajo, así como Manuel Contell, que se enfrenta a 5 años y 7 meses de prisión por una factura de 235.000 euros a Excavaciones Escoto por el trabajo del cambio de una cubierta y que ha negado cualquier irregularidad.

Otros dos de los acusados que han declarado hoy en la causa, Vicente Zarzo y Vicente Fernández Gallardo, por facturas emitidas a Francisco Escoto, han defendido que los trabajos estaban justificados.