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PALMA (EFE). Iñaki Urdangarin ha propuesto que el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza declaren como testigos en el juicio del caso Nóos, con el propósito de que refuercen su defensa.

Urdangarin, para quien la Fiscalía pide 19,5 años de prisión por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delito fiscal y blanqueo, propone también que testifique el asesor de la casa real José Manuel Romero, conde de Fontao.

El conde de Fontao y Alberto Aza, que coincidieron en el ejercicio de sus funciones en la Casa del Rey con la actividad del marido de la infanta Cristina en Nóos, también habían sido reclamados como testigos por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Manos Limpias, pero no así Fernando Almansa, que ejerció como jefe del gabinete del rey Juan Carlos de 1993 a 2002.

Otra de las personas vinculadas a la familia real que Urdangarin solicita que sea llamado a declarar como testigo es el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga. El duque de Palma propone en el escrito de conclusiones que registró ante el juez José Castro que testifiquen más de 300 personas con cuya aportación tratará de rebatir la acusación de que empleó el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.

Entre los testimonios que plantea su defensa también están el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. Urdangarin cree que los hechos que se le atribuyen "no son constitutivos de delito alguno" y, en el caso de los presuntos delitos fiscales, los considera infracciones administrativas.

Su abogado afirma que no existen hasta la fecha indicios objetivos de los que "quepa inferir el supuesto ánimo fraudulento, la existencia de un previo concierto con la Administración o cualquier otra finalidad o actividad ilegal".

Añade además que Urdangarin nunca tuvo ninguna intervención material ni en la suscripción de los convenios con las administraciones que se cuestionan en este caso, ni en otras funciones que no fueran estrictamente representativas.

Expone también que en su caso se le debería aplicar la circunstancia atenuante de reparación del daño, porque ya aportó una fianza, "en la medida de sus posibilidades económicas".

Urdangarin también se opone a la prestación de fianza que le reclama el juez, que es de 13.646.950 euros.

Su letrado explica que únicamente obtuvo ingresos por 706.932 euros, a través de la sociedad que compartía al 50 % con su esposa, Aizoon, procedentes de los dos congresos celebrados en Valencia en 2004 y 2005 y en el de Palma en 2005.

Considera que ésta sería "la cantidad máxima" que le sería imputable a título lucrativo, unida al importe de las infracciones administrativas fiscales de los ejercicios 2007 y 2008 que cifra en unos 200.000 euros aproximadamente. En total cuantificaría su fianza en 906.932 euros.

La defensa del duque de Palma adelanta en su escrito de conclusiones finales que, en el trámite de cuestiones previas que planteará ante la Audiencia de Palma, el órgano competente para juzgar el caso no es el tribunal provincial, sino la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

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