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VALENCIA (EP/VP). La primera reunión de la Comisión de investigación sobre la gestión de Imelsa entre los años 2007 y 2014 ha acordado entregar toda la documentación que les soliciten los grupos de la Diputación de Valencia, cuyos portavoces han asegurado que si de los trabajos de este órgano se desprende alguna irregularidad, se trasladará al juzgado. 

Asimismo, no descartan solicitar la presencia del gestor en aquella época, Marcos Benavent, imputado judicialmente por malversación en gastos sin justificar, y del presidente de la institución, Alfonso Rus, aunque en este primer día no han tratado sobre las comparecencias.

No obstante, la legislación para las comisiones de investigación de la Diputación establecen que las citaciones personales de la corporación o de sus empresas están obligados a declarar, pero no así los de fuera, cuya presencia es voluntaria.

Al respecto, el vicepresidente primero y portavoz del PP, Juan José Medina, ha señalado que "todos conocen" las líneas rojas marcadas por el presidente del PPCV que se pueden "compartir o no", pero ha señalado que Alberto Fabra, como cualquier cargo público, tendrá que "tener constancia" para tomar una decisión sobre el futuro de Rus y la decisión "no es tan exclusiva, no seamos tan presidencialistas, hay un comité ejecutivo y un comité de garantías".

"No descarguemos todas las responsabilidades en Fabra, hay unos órganos y todos tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos como ciudadanos y militantes", ha recalcado, al ser preguntado por unas declaraciones del presidente de la Generalitat en las que apostaba por no tener que esperar a un imputación si hay indicios. Al respecto, Medina ha señalado: "él sabrá por qué dice eso y él sabrá lo que hace, pero si uno puede cesar a uno por un titular me parece muy grave".

Medina ha garantizado que como PP y como diputado no le "temblará el pulso" para llevar "directamente" a los tribunales cualquier irregularidad detectada porque "quien la hace la paga" y al respecto ha señalado sentirse "avergonzado" de los actos cometidos por sus compañeros y más cuando "se está hablando de dinero público". Asimismo, ha señalado que no ve inconveniente en apoyar una comparecencia de Rus ya que el mismo presidente de la Diputación ya ha solicitado amparo a Fiscalía para poder declarar.

"REGLAS DEL JUEGO"

Esta Comisión Especial Informativa se ha reunido este jueves para acordar "las reglas del juego" y los cuatro grupos con representación en la institución provincial -PP, PSOE, EU y Compromís- han salido "satisfechos" ya que aunque ha habido alguna discusión sobre "flecos" se ha llegado a "un consenso muy rápido".

Al respecto, el presidente de la Comisión, el portavoz de Compromís, Emili Altur, ha explicado que la comisión se reunirá todos los lunes a las 13.30 horas, excepto la próxima semana que será martes para dar más tiempo a preparar la documentación por el puente de mayo, y tiene como plazo máximo de trabajo por imperativo legal 24 horas antes de la constitución de la nueva corporación local. Todos confían en que les dé tiempo a elevar un informe de conclusiones al pleno.

El objeto de la comisión, por mandato del pleno de la Diputación, será investigar las contrataciones de la empresa pública Imelsa en este periodo y los efectos "colaterales" que puedan derivarse. Además, de los cuatro portavoces contará con la participación del secretario de la Diputación, Vicente Boquera, como secretario y asesor jurídico, y del interventor de la corporación en calidad de asesor económico.

La documentación solicitada -libros contables, facturas, inventarios de bienes, libros de contabilidad, contratos, la auditoría de gestión-, es básicamente entre aquellos años aunque en algún caso se remonta a 2005. Al respecto, ha señalado que la Ley Mercantil establece un plazo para tener que guardar los documentos, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales, por lo que ha confiado en que Imelsa la conserve.

Por su parte, la diputada de EU, Rosa Pérez Garijo, ha señalado que entre la documentación solicitada quieren saber concretamente sobre la empresa Forval, que "además de pagar a la empresa propiedad de Benavent", eran también la que empresa que impartía los cursos de formación a los brigadistas de Imelsa.

Preguntada por las informaciones que vinculan a Rus con una supuesta operación de blanqueo de dinero, ha insistido en que la documentación que trasladaron a Fiscalía era "la punta del iceberg" y que desconocen hasta "dónde pueden llegar".

Por su parte, el portavoz del PSPV, José Manuel Orengo, ha destacado que están satisfechos porque se ha aprobado "una metodología razonable" para "averiguar la verdad sin límites ni cortapisas".