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La sanción del Banco de España a la patronal valenciana por incumplir el coeficiente de solvencia acabará en los tribunales. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que han sido multados a título personal a pagar entre 100.000 y 85.000 euros con su patrimonio están dispuestos a defenderse con un documento que les eximiría de responsabilidad y que apunta a la Generalitat Valenciana como responsable de esta situación que ha llevado a la autoridad bancaria a actuar.
El acta del Consejo de Administración de la SGR del 30 de abril de 2012 contiene en su primer punto del orden del día el compromiso de la Generalitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para aportar en ese mismo día de la firma del acta 14 millones de euros. Literalmente, en el documento, al que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, el representante del IVF dice respecto a la suscripción de capital que, "en el día de hoy, se van a transferir a una cuenta de la SGR 14 MM (sic) con destino al FPT -Fondo de Protección al Trabajador-, aportación que realizará el IVF.
A continuación, el acta añade que, "por otra parte, se suscribirá el capital social resultante de la ampliación propuesta, que es de 45.999.999,10 euros, que se repartirá en 14.999.998,40 a suscribir por parte del IVF y 31.000.000,70 euros que suscribirá la Generalitat Valenciana. Dicha suscripción contará, además, con el correspondiente desembolso en el día de hoy del 25% de cada uno de los importes suscritos".
En la misma fecha del acta, se prometen unas cantidades que nunca llegaron en la fecha indicada ni en los siguientes seis meses. Hay que recordar que la multa del Banco de España indica que el periodo de insolvencia no puede superar los seis meses.
El punto cuarto del acta ratificaba este acuerdo que permitía el "restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad". Y reiteraba, según palabras que constan en el acta del Consejero representante del IVF que "en el día de hoy se ha realizado la transferencia de 14 MM de euros al FPT de la SGR". Y volvía a reiterar la suscripción del capital social por parte de la Generalitat.
Por unanimidad, el Consejo aprobó la ampliación de un capital social que tardó más de un año en llegar y cuyo resultado ha sido ahora la sanción impuesta, por un lado a la SGR, en 200.000 euros, y por otro, a cada uno de los consejeros en su patrimonio personal.
"BUCH ESTABA DE NOTARIO DE LA REUNIÓN"
José Roca, entonces presidente de la SGR y de la Confederación de Empresarios de Castellón, explica cómo transcurrió aquella reunión que cerraba su mandato y a la que siguió la dimisión del Consejo, de forma estatutaria. Roca señala que con aquella firma se había cubierto el 8% del capital requería el Bando de España", por lo que se fue tranquilo. No esperaba el incumplimiento por parte de la Generalitat.
En estos momentos, Roca y el resto de consejeros ya han recurrido en vía administrativa ante el Banco de España, que acaba de rechazar sus alegaciones. "No estamos conformes después de haber trabajado sin cobrar y porque una tormenta perfecta nos arrolle, por lo que vamos a volver a recurrir", añadía José Roca.
El empresario castellonense y el que era director general de la SGR, Juan Manuel García Puchol, son los sancionados con mayor multa, 100.000 euros cada uno.
La Generalitat Valenciana siempre ha sido el socio mayoritario de la SGR a través del IVF. Roca explica que su participación se basa en dos puntos, la capitalización y los impagos. Es por ello que en aquella Junta del 30 de abril de 2012, "el conseller Máximo Buch estaba de notario de la reunión y no se firmó hasta que no se cubrió el 8% de capital social, que eran 60 millones", añade el entonces presidente.
Profundamente indignado, José Roca explica que en los meses siguientes, "mintieron algunos diciendo que cobrábamos y que comprábamos coches para los directivos y aquello fue publicado en los medios. Y luego rectificaron con la boca pequeña, pero ya nos había hecho daño frente al Banco de España".
El Banco de España abrió de oficio el expediente sancionador a la SGR en octubre del año pasado por incumplir el coeficiente de solvencia durante un período superior a seis meses. En esa etapa, los recursos mínimos llegaron a estar por debajo del 80% del capital.
Y esto lo dice el eterno miembro del Consejo de administración del IVF, Sr. Roca. Si esto no es un perpetuo conflicto de intereses, ¿qué lo es? Luego algunos hacen como que se extrañan de que haya desaparecido el sistema financiero valenciano.
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