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MADRID (EFE). El juez Javier Gómez Bermúdez ha propuesto juzgar a ocho miembros de la cúpula de CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por esconder su verdadera situación económica y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado por concluida la investigación sobre la gestión de los que fueran máximos responsables de la extinta entidad alicantina, a los que acusa de un delito de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Gómez Bermúdez atribuye estos mismos delitos al exdirector general de Planificación y Control Teófilo Segorb; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano; el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Según el juez, los estados financieros de CAM de 2010 y primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad", sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que el resultado contable "debería haber sido menor en 210.341.000 euros".

Además, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de sus filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones "con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad", que se alteró "en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección".

Y su finalidad, prosigue, "era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado" de CAM y "poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad", explica la resolución.

De acuerdo con las periciales que constan en la causa principal de CAM, Gómez Bermúdez subraya que los miembros de su comité de dirección cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.