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VALENCIA (EP). El Tribunal Supremo (TS) ha aplazado hasta el 5 de junio, después de las elecciones municipales y autonómicas su decisión sobre si el exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, irá finalmente a prisión por el 'caso Cooperación', según han informado fuentes conocedoras de esta decisión.

Se trata del segundo aplazamiento en el alto tribunal para pronunciarse sobre la causa por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua y por la que Blasco fue condenado a ocho años de prisión, junto con otros ex altos cargos del Consell, a quienes se impuso penas menores.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó a Blasco en mayo de 2014, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones. El tribunal valenciano consideró que el exconseller dirigía el desvío de ayudas y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

Tras esta resolución valenciana, tanto las acusaciones como las defensas formularon recurso ante el TS --por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional--, y el pasado 25 de febrero se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.

El alto tribunal prolongó su deliberación del caso hasta el día 3 de marzo, y posteriormente dictó un auto en el que aplazaba pronunciarse sobre el asunto hasta después de Pascua. El TS fundamentaba esta decisión en la "complejidad" del tema objeto de estudio, la pluralidad de recursos y características, y la prolijidad de motivos. Ahora ha vuelto a aplazar su decisión hasta el 5 de junio.

HECHOS PROBADOS EN EL TSJCV

Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio del empresario Augusto César Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un "beneficio propio", a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria del TSJCV.

Y esto fue posible tras "maniobrarlo" Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste "bien determinado", por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconseller y sus colaboradores.

Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices "en atención a su autoridad" y ante el "temor" de que pudiera prescindir de sus servicios.