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MADRID (EFE). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará este miércoles como imputado al expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas por el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario Ramón Salvador, con el que pudo ocasionar un perjuicio de 120 millones.

De esta forma, Olivas tendrá que volver otra vez a la Audiencia Nacional, donde ya fue interrogado por el juez Fernando Andreu en diciembre de 2012 por el "caso Bankia", en el que está imputado junto al resto de exconsejeros por presuntas irregularidades en su fusión y salida a bolsa.

Precisamente por ello, Andreu le impuso una fianza solidaria de 800 millones junto al grupo BFA-Bankia, su expresidente Rodrigo Rato y su "mano derecha" José Manuel Fernández Norniella, así como al ex consejero delegado Francisco Verdú, sobre la que la Sala de lo Penal deliberará el próximo viernes.

En el juzgado de Pedraz, Olivas está imputado junto al exconsejero delegado Domingo Parra, el exdirector de participaciones inmobiliarias Alfonso Monferrer, el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo y el empresario alicantino Ramón Salvador por un delito de apropiación indebida.

Olivas trató de que el juez archivara la causa, que nació a raíz de una de las querellas del Banco de Valencia, que ejerce como acusación representada por el abogado designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara, pero la sección tercera de la Sala de lo Penal tumbó su solicitud en febrero del año pasado.

Según el escrito de la acusación, los imputados pudieron provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros" a la entidad gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.

Dicho grupo tuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras Olivas fue su presidente, fruto del cual, obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de 631 millones, "sangría económica que sólo se paralizó" con la intervención por parte del Banco de España.

Así, relataba que el empresario recibió 202 millones de euros hasta 2009 a través de la sociedad H2018, creada "exclusivamente para resolver los graves problemas de solvencia" del empresario, pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario.

La sociedad se convirtió, según la querella, en "un instrumento para proporcionar delictivamente financiación" al grupo de Salvador "simulándolo bajo la apariencia de compraventa de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas".

En 2010 y 2011, además, H2018 continuó realizando nuevas operaciones de compras de activos a sociedades del grupo por un importe conjunto de 56,03 millones de euros, cuando el sector inmobiliario ya estaba "definitivamente paralizado", y adquirió tres fincas a pesar de conocer el impacto económico desfavorable que habían tenido las operaciones anteriores.

Para la acusación, todo ello no podría haber sido posible sin la "tolerancia" de Olivas dada su condición de máximo responsable en ambas entidades, desde las que "controlaba y dominaba toda la operación en su conjunto y en cada uno de sus extremos".

Al margen de esta causa abierta en la Audiencia, la Fiscalía ha pedido para Olivas tres años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en 2008 por el asesoramiento prestado por una empresa suya a una mercantil del empresario Vicente Cotino.