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Elena Martínez

VALENCIA (EP/VP). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) ha archivado la causa contra la alcaldesa de la localidad, Elena Martínez, el exalcalde Lorenzo Agustí y otros cuatro concejales por el gasto en promoción de la Zona Franca, según ha dado a conocer hoy la primera edil en una rueda de prensa.

El asunto partió de una denuncia de Compromís contra el Ayuntamiento de Paterna por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a la encomienda de Marketing del año 2013. Al respecto, Martínez ha recordado que el equipo de Gobierno decidió en la primera legislatura crear una empresa pública para prestar los servicios municipales. Entre más de una veintena de servicios se encuentra -ha apuntado- la denominada encomienda de Marketing, que engloba una gran variedad de servicios, entre ellos la Agencia de Desarrollo Económico.

Esta Agencia se creó -ha agregado- para ofrecer suelo municipal de Paterna a posibles empresas que quisieran instalarse en el entorno de los cinco núcleos empresariales que tiene el municipio, y también se ocupó de diversos gastos relacionados con la promoción de la Zona Franca.

Compromís denunció que el Ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública, "pero aprovechando una cuestión completamente administrativa, se ha querido engañar a la población y nos han acusado de corrupción, de actuar en contra de la legalidad y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales", ha subrayado Martínez.

Al respecto de dichas acusaciones, la alcaldesa ha reproducido una parte del auto de sobreseimiento, que señala que "ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa prestara el servicio de marketing al Ayuntamiento". Así -agrega la resolución- "de las declaraciones se desprende que la prestación de servicio de Marketing Global por la Gespa significaba un ahorro por el Ayuntamiento y, además, éste no contaba con personal propio que pudiera realizar estos trabajos y la Gespa sí".

Respecto al fondo del asunto, la jueza señala: "Por todo lo expuesto, el acuerdo adoptado por la junta de Gobierno Local en fecha 30/04/2013 por el que se aprobaba el anexo del ejercicio del 2013 de la encomienda de Marketing Global a la Gespa no es contrario a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio".

Finalmente, acaba el auto diciendo: "Las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 637.2 y 779.1 regla 1ª y 798.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar el sobreseimiento y el archivo de las mismas".

Ante ello, la alcaldesa ha lamentado que esta denuncia "ha costado a este grupo de concejales un gran descrédito del cual ya nunca se nos va a resarcir". La decisión de la juez "no nos quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que estar defendiendo nuestra inocencia. Nunca se abrió juicio, pues eran diligencias previas de investigación, sin embargo los grupos de la oposición nos condenaron", ha lamentado.

Además del "daño moral" causado, la alcaldesa ha recordado que "la defensa jurídica nos la hemos costeado de nuestro propio bolsillo los concejales afectados". El Ayuntamiento no se ha hecho cargo porque "no sería justo que de la irresponsabilidad del grupo Compromís tuviera que hacerse cargo la ciudadanía".

LA REACCIÓN DE COMPROMÍS

Ante esta resolución, el candidato y portavoz municipal de Compromís per Paterna, Juanma Ramón, ha indicado en un comunicado que respetan la decisión de la justicia, pero ha asegurado que no están de acuerdo con esta decisión. Además, ha aseverado que si no hubieran sido expulsados del proceso, recurrirían el auto, y ha esperado que así actúe la Fiscalía.

A su juicio, "que ahora se cierre la vía penal y que se archive, no significa que no haya habido derroche de fondos públicos y que administrativamente el hecho sea impugnable". Compromís -ha agregado- "tiene la conciencia muy tranquila y continuaremos ejerciendo nuestro derecho y, evidentemente, nuestra obligación ahora como oposición y, a partir de mayo, como gobierno. No tenemos ninguna duda de que lo volveríamos a hacer. Hay que decir que el proceso judicial quedó viciado desde el momento en que Compromís, que era quien aportaba todas las pruebas, fue apartado del caso. Y ya esperábamos esta resolución judicial".

Según ha afirmado Juanma Ramón, desde Compromís defenderán "siempre" que no se apruebe ningún expediente sin los informes favorables de los habilitados nacionales. "Aspecto que después de la decisión de la juez queda en entredicho y deja en muy mal lugar tanto al Interventor como a la Secretaria. Insistimos en que se ha derrochado dinero público mientras se ha recortado en servicios para la ciudadanía de Paterna, y por eso mismo vamos a continuar exigiendo responsabilidades", ha advertido.

"Pero lo que sí que hemos conseguido -ha agregado- es que gracias a Compromís se ha comprobado que el gasto hecho no se tenía que haber hecho. Y que debido a este proceso el pueblo de Paterna ha podido saber en qué se han gastado su dinero".