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VALENCIA (X. A. /AGENCIAS). La decisión adoptada este miércoles por el Tribunal Superior de Jusitica de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender hasta junio el juicio de la pieza 3 del caso Gürtel, la que atañe a las presuntas irregularidades relacionadas con Fitur, otorga un balón de oxígeno al Partido Popular.

A lo largo de la legislatura, especialmente en la recta final de la misma, los cálculos de políticos y medios de comunicación apuntaban a la coincidencia entre la campaña electoral y la visita a los juzgados de ex altos cargos del Consell y del PPCV. De hecho, este 'paseíllo' judicial se había centrado en la pieza que ayer quedó suspendida tras dos días dedicados a las cuestiones previas: era la más avanzada de la rama valenciana del caso Gürtel tras cuatro años de instrucción. Así pues, no habrá más sesiones hasta dentro de dos meses.

Una decisión que decepcionó a las fuerzas de la oposición dado que la tarea de denuncia en los casos de presunta corrupción ha sido uno de sus principales pilares a lo largo de la legislatura ha sido la tarea de denuncia en los casos de presunta corrupción. Aunque en el pasado esto no ofreció ningún rédito electoral, como demostraron los resultados de los comicios de 2011 en los que Francisco Camps tenía un pie en el banquillo, desde distintas fuerzas políticas apuntan a un cambio de tendencia y sensibilidad en este ámbito a raíz de la crisis económica. Es decir, la fotografía de ex altos cargos en el banquillo y las declaraciones en los juzgados sí podía causar un mayor desgaste en el PPCV en tiempos de campaña electoral de lo que ocurrió en el pasado.

Sin embargo esto ya no sucederá. La historia del caso ha sido larga y tortuosa. Este lunes, tras más de cuatro años de instrucción, arrancó en el tribunal valenciano la vista por la pieza 3 de Gürtel, con dos días dedicados a cuestiones previas. Previamente, el caso había estado paralizado un año después de que el procedimiento se quedara sin personas aforadas -tras la renuncia a su acta de diputada Milagrosa Martínez- y se planteara una cuestión de competencia.

Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que fue quien dictaminó hace escasos meses que el tribunal competente para juzgar esta pieza era el TSJCV, puesto que en el momento en que la pieza se había quedado sin personas aforadas, ya se había dictado la apertura de juicio oral.

De esta forma, el tribunal valenciano se puso manos a la obra y señaló el 31 de marzo de este año para comenzar con la vista. Había previsto 37 sesiones, acabar el 8 de octubre, y que los acusados comenzaran a declarar el 10 de abril.

Tal y como se dispuso entonces las defensas han aprovechado las cuestiones previas para solicitar la suspensión del juicio -solo habló de plazos el letrado de la exconsellera Milagrosa Martínez, quien requirió una suspensión mínima de seis meses-, al alegar, entre otros motivos, que había cierta documentación que sí había estado a disposición de la Udef y de la Fiscalía, pero no de la mayoría de las defensas.

En concreto, se referían a unos papeles que se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, y a la que las defensas que no están personadas en ese procedimiento no han tenido acceso.

Asimismo, una de las letradas, que representa a la exempleada de empresas de la trama, Mónica Magariños, también solicitó la suspensión puesto que llevaba en la causa apenas un mes, cuando se le designó este caso por turno de oficio.

Esta letrada aseguró que no había tenido tiempo de estudiar toda la causa y, además, afirmó que había recurrido su designación al entender que, en todo caso, esta defensa correspondería a letrados inscritos en el turno de oficio grave.

IMPARCIALIDAD Y RECUSACIÓN

Durante estos dos días de cuestiones previas, las defensas también han cuestionado la imparcialidad del tribunal juzgador, por haberse pronunciado sobre recursos del caso, y una de las partes ha llegado incluso a recusar al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al gobierno socialista en la etapa de Joan Lerma.

Las acusaciones -Fiscalía y PSPV- han defendido, por contra, que el tribunal no está contaminado, y en concreto la acusación popular -los socialistas- ha detallado que Climent entró al gobierno de la mano de Rafael Blasco -en su última etapa pública fue conseller del PP- y ha alegado que no coincidió en el tiempo con el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

Tras estas alegaciones, el tribunal decidió retirarse a deliberar durante unos 45 minutos, y finalmente acordó suspender el juicio hasta el 11 junio -a las 9.30 horas- para garantizar los derechos de defensa de los acusados.

En concreto, la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, justificó esta decisión en que las partes, en su protección a su derecho de defensa, tengan más tiempo para instruirse de toda aquella documentación adicional que pueda haber en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional; y para poder responder por escrito a la recusación planteada contra Climent. Una decisión que, al margen de su corrección jurídica, libra al PPCV del mal trago de vvir una campaña electoral con un ojo puesto en los tribunales.

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