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VALENCIA (EP). La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado embargar 636.500 euros a la exdiputada 'popular' y actual alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, para asegurar su responsabilidad civil en la pieza 3 del caso Gürtel en la que está acusada, que se refiere a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.
Martínez, quien también ocupó el cargo de presidenta de las Corts Valencianes, está imputada junto a otras 12 personas en la pieza 3 del caso Gürtel que comenzará a juzgarse a finales de este mes de marzo en el tribunal valenciano.
La secretaria judicial de la Sala ha notificado este martes los decretos de embargo a 11 de los 13 acusados en esta pieza, que oscilan entre los 137.000 y los 651.500 euros y responden a la petición que realizó Fiscalía tras la apertura de juicio oral para garantizar la responsabilidad civil.
A Milagrosa Martínez, exconsellera de Turisme, se le han embargado 636.500 euros; mientras que al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret le han embargado 645.000 euros; a Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, 540.000 euros; a Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia, 230.000 euros; y a Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT, 137.000 euros.
EL BIGOTES, PABLO CRESPO Y OTROS
Así mismo, se ha acordado el embargo de 651.500 euros a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez (conocido como 'El Bigotes') y Pablo Crespo; otros 440.000 euros a Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; 330.000 euros a Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades; y 336.500 euros a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market.
La Sala no ha acordado embargos respecto de Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticos de la Generalitat; y Ángelica Such, exconsellera de Turisme, porque no lo requirió tampoco el ministerio fiscal.
La relación de bienes a embargar no ha sido señalada por los acusados porque en ninguno de los casos han respondido a la petición de la Sala de señalar de qué disponían. Los bienes se han relacionado tras realizar averiguación de los mismos, según ha informado el tribunal valenciano.
Tampoco ninguno de los acusados respondió tras comunicar la Sala el resultado de la averiguación. Por tanto, cumplidos todos los plazos de conocimiento que deben tener las partes, es la Sala quien determina los bienes a embargar, han recordado las mismas fuentes. Correa aún tiene que consumir un plazo de consulta que no le pudo ser notificado por error en los datos del procurador. Subsanado el error, tiene plazo para designar los bienes que considere.
PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN, COHECHO
En esta causa hay un total de 13 acusados y se sentarán en el banquillo a finales de este mes por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market (y otras sociedades vinculadas), que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más --TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid--; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
Aquí se juzga el hecho de que el pabellón de Fitur se le haya dado para su gestión a una empresa de la trama Gurtel. Bien, pero esto así no es delito puesto que cuando sucedió la empresa o el empresario no estaba acusado de nada y habrá que determinar si se le dio a ella con trampa en vez de a otras. ¿Qué pasa con los servicios Jurídicos y la Asesoría Jurídica de la Administración?. No está demostrado que esas personas que se sientan en el banquillo recibieran dinero de nada, esto es lo que afirman los socialistas, eso no me ofrece garantía de que sea cierto. El Shouw está bien orquestado, en periodo electoral , el juez socialista excompañero de Ximo Puig, los mismos que pusieron la querella, etc. Miren, que cambien de juez, que condenen si hay culpables de algo, pero si resulta que son inocentes, sería un montaje de los socialistas que se han gastado el dinero público en estropear la imagen de la Comunidad Valenciana y los valencianos no somos tontos. ¿Deberían poner un recurso contra el PSOE de la Moncloa de Zapatero porque contrató 300 millones con Teconsa, empresa también de la trama Gurtel.? Esta empresa es la que contrató 7,5 millones con lo del Papa y también recurrido por el PSPV. PP, espabilaros.
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