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CASTELLÓN (EUROPA PRESS). La provincia de Castellón ha registrado durante el pasado año un total de 844 peticiones de arbitraje de consumo, lo que supone un aumento respecto a 2008 (675), de las que el 70 por ciento se concentran en el sector de las telecomunicaciones y, concretamente, en la telefonía móvil, según un informe elaborado por la Unión de Consumidores (UCE) de Castellón y dado a conocer este martes en rueda de prensa.

El secretario general de la UCE-Castellón, Juan Carlos Insa, ha explicado que estos datos "ponen de relevancia la importancia que ha cobrado este sistema para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas al ser un procedimiento gratuito, rápido y eficaz, que evita iniciar un procedimiento judicial".

Por otra parte, ha indicado que las solicitudes presentadas dieron lugar a 280 audiencias, mientras que se dictaron 250 laudos, cifra ésta última que se ha doblado en los últimos tres años. De estos laudos, un 53 por ciento fueron estimatorios, el 31 por ciento fueron desestimatorios y el 16 por ciento restante conciliatorios.

Una gran parte de solicitudes del sector de las telecomunicaciones está relacionada con los contratos de telefonía, ya que el consumidor no tiene posibilidad alguna de modificar las condiciones del contrato o, en algunos casos, de obtener una copia del mismo, según el informe de la UCE.

Por lo que respecta a la procedencia de las solicitudes de arbitraje, un gran número son presentadas por mediación de una Asociación de Consumidores o de la Oficina Municipal de información al Consumidor (OMIC), de forma que las solicitudes presentadas por el propio consumidor ascienden sólo a un siete por ciento. Las solicitudes de las OMIC's proceden mayoritariamente de Castellón, Vall d'Uixó, Onda o Benicàssim.

La mayoría de las reclamaciones son de hasta 300 euros, aunque también se dan algunas por muy diversas cuantías, ya que no existe un límite para recurrir a este procedimiento. La cuantía más baja solicitada en 2009 fue de 7,66 euros, mientras que la más elevada fue de 44.565,5 euros.

Entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2010 se han presentado 672 solicitudes de arbitraje, se han celebrado 223 audiencias, se han dictado 203 laudos y en 115 casos se ha alcanzado un acuerdo previo a la audiencia.

MÁS MEDIOS

Insa ha destacado la necesidad de que ayuntamientos y Generalitat Valenciana se impliquen más para que se vertebre territorialmente el arbitraje a través de la instalación de subsedes virtuales que se podrían utilizar como OMIC's en Morella, Benicarló, Segorbe y Nules. "para facilitar a los consumidores poder ejercer sus derechos, así como la ejecución de los laudos", ha dicho.

Por su parte, el asesor jurídico de la UCE-Castellón, Enric Pallarés, ha señalado la necesidad de divulgar el arbitraje en sectores como mantenimiento de ascensores o profesionales liberales, ya que no se utiliza; y ha afirmado que se debería recomendar que se sometan al arbitraje a empresas como las suministradoras de gas, luz y agua, mientras que "la Administración debería obligar a la empresas participadas con capital público a que también se sometan a este sistema de resolución de conflictos cuando éstas prestan servicios a los ciudadanos".