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Ricardo Costa

VALENCIA (EFE). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido este viernes remitir a la Audiencia Nacional las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso Gürtel, en las que se investigan delitos electorales y fiscales en relación con la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

Así lo ha decidido hoy la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal valenciano, que se ha inhibido en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 al perder la condición de aforados dos de los imputados en esas piezas: los exdiputados del PP Ricardo Costa y Yolanda García, quienes renunciaron al escaño el pasado 2 de enero.

Las diligencias previas sobre estas tres piezas concluyeron el pasado mes de diciembre, con el procesamiento de quince personas en la primera, dieciocho en la segunda y cinco en la tercera, e incluso se han presentado ya escritos de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y otras partes personadas.

El TSJCV considera que carece de competencia para continuar conociendo los hechos objeto de este proceso, con la excepción de la resolución de los recursos que puedan quedar pendientes y los derivados de ellos.

En consecuencia, la sala acuerda inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que considera que deberán ser remitidas las actuaciones una vez esta resolución sea firme, para lo cual se emplaza a las partes a que se pronuncien en diez días e informa de que cabe recurso de casación ante el Supremo.

El TSJCV aplica los mismos argumentos que esgrimió el pasado mes de febrero, cuando remitió a la Audiencia Nacional la pieza 5, sobre contrataciones entre la Generalitat y la trama entre 2004 y 2009, en la que figuran 27 procesados, entre ellos la cúpula de Gürtel, tres exconsellers y ex altos cargos de varias Consellerias durante el Gobierno de Francisco Camps.

La pérdida de la condición de aforados de todos los procesados en esta causa y en las otras cinco en las que se ha dividido la investigación es lo que deriva en la "incompetencia sobrevenida" de la sala, a juicio de los magistrados.

En su resolución, mencionan de forma expresa la doctrina del Supremo, que en diciembre de 2014 determinó que la pieza 3, relativa a los contratos para el expositor de la Comunitat en Fitur, debería quedar en el TSJCV debido a que ya se había acordado la apertura de juicio oral cuando renunciaron al escaño dos de las procesadas.

Este "límite", según exponen los magistrados, no se ha superado todavía en estas tres piezas, por lo que indican que no entienden "que sea de aplicación al presente caso el mencionado acuerdo" del Supremo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide para cuatro de sus responsables penas que suman siete años y nueve meses de cárcel.

Así, considera a Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental.

Según Anticorrupción, el PPCV preparó esas campañas electorales contratando con Orange Market, una de las principales empresas investigadas en la trama Gürtel, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

El fiscal pide la apertura de juicio oral, además, contra los cabecillas o trabajadores de la trama Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín-, y contra varios empresarios.