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MADRID (EP). El ex director general de la Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que investiga las operaciones inmobiliarias de una sociedad participada por la extinta entidad, alegando que falta documentación en la causa de interés para su defensa.

El magistrado ha llamado también a declarar este miércoles en calidad de imputado al ex director general de Empresas Daniel Gil, que se ha expresado en los mismos términos que López Abad, quien manejó el rumbo de la CAM durante diez años desde 2001.

López Abad fue recientemente absuelto por la Audiencia Nacional por favorecer dietas presuntamente irregulares que habrían cobrado 19 miembros de la entidad; mientras que Daniel Gil abonó el pasado noviembre la fianza de 400.000 euros para salir de prisión que el juez le impuso en otra pieza en la que investiga los préstamos de la CAM a un empresa hotelera que desviaba sus beneficios al paraíso fiscal de Curaçao. López Abad hizo lo propio con la caución de 1,5 millones acordada en esta causa.

Gómez Bermúdez abrió el pasado febrero dos piezas separadas de la causa principal para investigar las operaciones inmobiliarias que realizó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), participada por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), para determinar si sus responsables cometieron un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida.

DOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS

El magistrado, que accedió a formar estos dos nuevos procedimientos a petición del Fondo de Garantía de Depósitos, dependiente del Banco de España, explicó en un auto la necesidad de investigar las operaciones con varios terrenos que realizó la TIP y la reestructuración que se realizó en la sociedad, al objeto de beneficiar a sus respectivos socios.

En concreto, la 'pieza separada TIP suelo' se ocupará de las operaciones inmobiliarias Nyesa Pirineos, Emporio del Mediterráneo y Hueznar, que permitieron al socio de la TIP "grandes beneficios sin iniciarse el proyecto, al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías".

El segundo procedimiento, denominado 'pieza separada TIP reestructuraciones', se ocupará de las "reestructuraciones claramente beneficiosas" para el socio de la entidad, en este caso la inmobiliaria Hansa Urbana. La operación tenía por objeto "aflorar plusvalías" en la compañía y en la TIP para "mejorar el resultado de estas sociedades".

El juez rechazó por el momento abrir otra pieza separada sobre la financiación de proyectos especulativos al "no aparecer suficientes indicios" de delito sobre estas operaciones, salvo "una mala praxis bancaria" que, en todo caso, no se podría perseguir por la vía penal.

CÚPULA DE LA ENTIDAD

La causa principal se abrió en octubre de 2011 y se basa en un informe del Banco de España que ponía de manifiesto "las irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por los anteriores responsables de la CAM".

Están imputados el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, gestor principal de la caja entre 2001 y 2010; su sucesora, María Dolores Amorós; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb; y el expresidente Modesto Crespo.

La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).