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ALICANTE (EFE). La Audiencia de Alicante ha desestimado los recursos de apelación de la exalcaldesa Sonia Castedo y dos técnicos de Urbanismo en los que pedían la nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron lugar a la investigación de las presuntas irregularidades del plan urbanístico Rabasa.

En un auto, la Audiencia de Alicante expone que cuatro secciones de esta instancia judicial -la primera, la segunda, la tercera y la séptima- ya se han pronunciado sobre esas escuchas y reitera que el momento procesal oportuno para la discusión de este asunto será en la apertura del juicio oral.

Los recursos de apelación habían sido interpuestos por Castedo, el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y la jefa del servicio jurídico de la Gerencia de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, en los que solicitaban el sobreseimiento del caso Rabasa -una de las piezas separadas del Brugal- para ellos.

Esa petición ha sido rechazada por la Audiencia Provincial al señalar que la instrucción se halla "todavía en fase de preparación donde se recibe declaración a los recurrentes en calidad de imputados como es obligado para que tengan las garantías" establecidas por la ley.

Según la Audiencia de Alicante, "evidentemente debe existir un juicio o control jurisdiccional frente a acusaciones infundadas" para "evitar lo que se denomina vulgarmente 'pena de banquillo'".

"Pero tal juicio de trascendencia ha de realizarse al momento de finalización de la fase de instrucción pues en este momento sería prematuro pronunciarse (...)", indica el auto, dictado por la sección primera de la Audiencia de Alicante, con fecha 6 de marzo y facilitado hoy por Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Castedo declaró como imputada el pasado 16 de enero ante el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyas inmediaciones se proyecta una tienda de Ikea.

Además de esta causa judicial, la exalcaldesa figura como imputada en la rama del Brugal por las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Las investigaciones apuntan a que tanto el plan urbanístico Rabasa como el presunto amaño del PGOU habrían beneficiado al constructor Enrique Ortiz, también imputado en ambas piezas y que declaró el pasado 30 de enero ante el juez que instruye el caso Rabasa.